La prohibición entrará en vigor el 5 de diciembre de 2019, y es respaldada por 97 países, sin embargo México aún no la ha ratificado, señalan los grupos activistas que advierten riesgos por un posible flujo de estos materiales desde Estados Unidos, luego de que China cerró sus fronteras a la importación de plásticos sucios y contaminados.
Organizaciones como Greenpeace México y Fronteras Comunes, A.C. señalaron que el Convenio de Brasilea sobre el Control de Los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación busca proteger la salud humana y el ambiente de los efectos adversos de desechos plásticos peligrosos, ante las vulnerabilidades de los países en desarrollo.
Entre los firmantes de la petición también están el Laboratorio en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, International Pollutants Elimination Network (IPEN), Ban Action Network y the Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA).
“El llamado es a la autoridad a frenar y cerrar nuestras fronteras contra la contaminación por plástico… Lo que queremos es que México no se convierta en receptor de plásticos”, Miguel Rivas pic.twitter.com/R0w4GNSK8U
— Cencos (@cencos) 11 de noviembre de 2019
Esta iniciativa global promueve la modificación de leyes tanto nacionales como internacionales, para evitar la exportación de desechos que dañan “la salud de trabajadores, de las comunidades, del ambiente, y la justicia y derecho internacional”, dijo Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes.
Los activistas subrayan que la enmienda para el control del movimiento transfronterizo de plásticos es de suma importancia para proteger al país de la importación de estos desechos y no convertirlo en un tiradero mundial de ellos, además de que abona a los esfuerzos para limpiar el comercio internacional de residuos plásticos, y reducir los daños producidos por sus fugas al medio marino y terrestre.
El Convenio de Basilea es un tratado multilateral adoptado por 170 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 22 de marzo de 1989, cuyo fin es proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de la generación, manejo, movimientos transfronterizos y eliminación de desechos peligrosos, entre los que se encuentran, entre otros, las baterías de ácido, lámparas fluorescentes, plaguicidas, desechos electrónicos y plástico.
(Con información de Notimex)











