Al exmandatario quitanarroense se le acusa de haber entregado de forma irregular cinco concesiones de transporte en el municipio de Isla Mujeres, sin emitir una licitación para ello.
Por ello, el juez de control Jesús Aldaz Bencomo, radicado en Chetumal, dictó la medida de prisión preventiva justificada hasta por dos años, por lo que Borge Angulo deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, en el estado de Morelos.
Tras escuchar la sentencia, mediante videoconferencia desde el penal, el exmandatario se dijo un perseguido político, lo el juzgador le refutó señalando que su decisión se apegó al Código Nacional de Procedimientos Penales.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo formuló el pasado 7 de noviembre una nueva imputación en contra del exgobernador por otorgar indebidamente esas cinco concesiones a personas morales identificadas como Adventur Rents S.A de C.V, Majubex S.A de C.V, Rentadora la Fortuna S.A de C.V, Traslados Terrestres del Sureste S.A de C.V y Transportes Recreativos S.A de C.V entre 2015 y 2016.
La acusación señala que Borge Angulo ordenó, sin la convocatoria de licitación correspondiente, la entrega discrecional de dichas concesiones para operar “carritos de golf”. Tampoco se justificó la necesidad del servicio y los ingresos por derechos de operación nunca ingresaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de acuerdo a la carpeta administrativa 154/2017.
La defensa del político expriista, comandada por el abogado Karim de la Rosa Peláez, anunció que interpondrá una demanda de amparo al considerar que no hay elementos suficientes que ameriten la vinculación y confió que un juez federal revierta la medida.
Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo en el periodo de 2011 a 2016, fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 8 de junio de 2017 tras diversas acusaciones de corrupción durante su administración.
El político fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar las acusaciones en su contra.
Cuenta con tres carpetas en el orden estatal también por desempeño irregular de la función pública y enriquecimiento ilícito y uno más en el orden federal
(Con información de Reforma y Ecopulso de Quintana Roo)












