Los gobernadores de la Alianza Federalista respaldaron a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera no reunirse con autoridades del estado por el conflicto de agua durante su visita a Cd. Juárez.

Por medio de un desplegado, los gobernadores lamentaron la decisión del presidente y acusaron que cuando se “ignora” a las autoridades electas legítimamente, es al pueblo a quien realmente se “ofende”.

“El federalismo se debilita cuando el titular del Ejecutivo Federal sienta precedente en ignorar a una autoridad local electa legítimamente, como forma de mostrar sus diferencias con ella. No se ignora al gobernador, sino al pueblo que representa”, se lee en el texto.

El documento fue publicado en las redes sociales de la Alianza el viernes pasado y está firmado por nueve gobernadores, entre ellos: Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Jaime Rodríguez El Bronco (Nuevo León), Miguel Riquelme (Coahuila), José Rosas Aispuro (Durango), Silvano Aureoles (Michoacán), Enrique Alfaro (Jalisco), José Ignacio Peralta (Colima), Diego Shinué (Guanajuato) y Martín Orozco (Aguascalientes).

Los gobernadores afirmaron que Corral siempre se ha mostrado partícipe por cumplir con los acuerdos del agua del tratado con Estados Unidos. Por lo cual apuntaron que no existe “intento de poner en riesgo” la relación bilateral con el país vecino del norte. Además llamaron al diálogo para resolver el conflicto que afecta a Chihuahua.

Javier Corral respondió a los federalistas y agradeció su apoyo. Afirmó que las declaraciones del documento son “muy importantes” porque con esto “rechazan el mensaje de intimidación al sistema federal”, que, aseguró el mandatario estatal, se intenta desde el Ejecutivo a partir del caso de Chihuahua.

Corral y el presidente López Obrador han mantenido una serie de fricciones tras el conflicto de la presa La Boquilla, donde manifestantes que tenían tomadas las instalaciones se enfrentaron con la Guardia Nacional. Después de ello hubo una serie de acusaciones por parte del ejecutivo de que autoridades locales se asumieron como “dueños del agua”.