Internacional

El gobierno de Chile buscó dañar de modo intencional a sus ciudadanos, concluye AI

Tras una misión de tres semanas en el país, el informe de Amnistía Internacional señala que se ha estado aplicando una política deliberada para dañar a los manifestantes; funcionaria de Piñera reclama que no se solicitó información al gobierno

Foto: Mateo Lanzuela/Amnistía Internacional Américas

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El gobierno de Chile buscó dañar de modo intencional a sus ciudadanos, concluye AI

Tras una misión de tres semanas en el país, el informe de Amnistía Internacional señala que se ha estado aplicando una política deliberada para dañar a los manifestantes; funcionaria de Piñera reclama que no se solicitó información al gobierno

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Santiago.- La organización Amnistía Internacional (AI) reportó que en Chile encontró que el Ejército y los Carabineros (policía nacional), entre otras fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera están cometiendo violaciones generalizadas a los derechos humanos, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta, como parte de la crisis social que vive el país desde hace un mes.

En su informe tras una misión al país, la organización defensora de los derechos humanos instó a las autoridades chilenas a cesar de forma urgente la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y recomendó llevar a cabo una “reforma profunda” de la Policía, muy cuestionada por su violenta respuesta al estallido social.

En tanto, el gobierno de Chile rechazó el duro informe publicado por la organización internacional que asegura que hubo un uso excesivo de la fuerza del Estado contra los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta. Incluso lo tildó de “irresponsable”, en un anuncio emitido desde el palacio de La Moneda, sede del gobierno.

▶ “NO SON HECHOS AISLADOS E ESPORÁDICOS”: AMNISTÍA INTERNACIONAL

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara, presentó en Santiago un documento con las principales conclusiones de una misión de ese organismo que lleva tres semanas en el país investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos.

Desde que el 18 de octubre se intensificaron las protestas, AI constató casos de uso letal de la fuerza, tortura, malos tratos y lesiones graves, por lo que recomendó al Gobierno de Sebastián Piñera dar “órdenes precisas” a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la “máxima restricción” en el uso de la fuerza.

“Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión”, indicó la organización en el informe.

También subrayó que la Justicia debe investigar la “responsabilidad de mando” en las violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos por miembros del Ejército y Carabineros, a quienes se atribuye la muerte de cinco personas durante la crisis.

Según Guevara, la responsabilidad penal no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que es necesario sancionar a “los mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.

La organización, con sede en Reino Unido, acusó este jueves tanto al Ejército como a los Carabineros -como se llama la policía chilena- de cometer “ataques generalizados” y hacer un uso “innecesario y excesivo” de la fuerza contra los manifestantes para “desincentivar” la protesta.

En un documento con las principales conclusiones luego de una misión de tres semanas en el país, AI aseguró que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado “no son hechos aislados o esporádicos”, sino que responden a un patrón y muestran un “grado de coordinación” que “conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel”.

▶ CHILE RECHAZA CATEGÓRICAMENTE LA EVALUACIÓN

En un mensaje desde el palacio de La Moneda, la subsecretaria de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lorena Recabarren, aseguró que el gobierno de Sebastián Piñera sólo ha procurado una política de protección, replicada por todas las autoridades.

“El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”, dijo Recabarren.

“Desde que se produjo el estallido social, este compromiso sólo ha crecido”, en atención a los más altos estándares internacionales, en un gobierno que se ha enfocado en modernizar a cuerpos como carabineros en materia de respeto a los derechos humanos, agregó.

El duro reclamo de la funcionaria, contrastó con lo señalado por el propio Piñera, quien por primera vez el domingo reconoció que ha habido abusos y un uso excesivo de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad en casos puntuales y se comprometió a llevar a la justicia a los responsables.

“La única política que ha tenido el gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos”, agregó.

“El informe que hemos conocido hoy, lamentablemente, incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del Estado de Derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos”, apuntó Recabarren.

La subsecretaria aseguró que el gobierno “ha prestado permanentemente, y desde un inicio, toda su colaboración” a las organizaciones locales y destacó que el presidente Piñera invitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) a observar in situ la situación.

La crisis chilena, la mayor desde el retorno a la democracia en 1990, ha dejado al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de dos mil 300 heridos, de los cuales cerca de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

(Con información de Efe y Notimex)

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