Una forma de censura, las demandas por daño moral contra periodistas, alerta RSF

Ciudad de México.- La representante en México de la organización global Reporteros sin Fronteras (RSF), Balbina Flores, no lo duda un segundo: casos como la reciente sentencia que obliga al columnista Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos por daño moral a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, constituyen una forma de censura.

Entrevistada por La Octava, añade tajante: “El mensaje va más allá del caso de Sergio Aguayo, el mensaje va para aquellos periodistas, para aquellos ciudadanos que se atrevan a documentar y denunciar hechos de corrupción de funcionarios públicos”.

El 11 de octubre pasado, magistrados de la Sexta Sala Civil revocaron la sentencia a favor del académico de El Colegio de México y nuevamente condenaron a Aguayo a pagar una multa de 10 millones de pesos a Moreira —acusado de corrupción en múltiples ocasiones, encarcelado una vez, aunque nunca sentenciado— por “daños a su honor”.

El investigador anunció que apelaría la sentencia ante la justicia federal, lo que significa que su caso tendrá que ser resuelto por un tribunal colegiado en material civil, e incluso el litigio podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


En su oficina de la colonia Roma Sur, en Ciudad de México, la representante de RSF México remarca: las demandas por daño moral en contra de periodistas que publican investigaciones sobre corrupción son formas de acoso judicial cuyo propósito es inhibir totalmente la libertad de expresión.

Además del caso Moreira-Aguayo, está vigente la demanda por daño moral que interpusieron Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca en contra del director, del editor, del subdirector editorial y de un reportero de la revista Proceso, por un reportaje sobre la empresa Fertinal-Pemex que aborda un presunto caso de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Respecto a este caso, trascendió que los abogados de Salinas Pliego —dueño de Tv Azteca— y Banco Azteca solicitaron al juez a cargo que castigara e impusiera una “censura total” al semanario, por el simple hecho de que la revista publicó información de la demanda misma; en respuesta, el juez —que ya había impuesto una orden de censura parcial sobre el caso— rectificó y determinó que Proceso “sólo tiene prohibido informar sobre documentos protegidos por el secreto bancario o fiduciario” y que no es procedente imponer una medida de apremio a los enjuiciados por el libre ejercicio de su libertad de expresión.

“Hay un principio de la Relatoría de la Libertad de Expresión en la que se señala que los funcionarios públicos obviamente están expuestos al escrutinio público. Entonces ese principio ampara el derecho al ejercicio de la libertad de expresión cuando se trata de figuras públicas”, explica Flores.


Por ello, los relatores para la libertad de expresión —de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización para las Naciones Unidas— recomiendan que las autoridades correspondientes hagan una revisión de esas sanciones, que cuando son de manera frecuente y con montos exorbitantes están más enfocadas a inhibir el ejercicio periodístico que a sancionar lo que pudiera ser algún exceso por parte de los periodistas, subraya.

“Obviamente el Poder Legislativo tiene que hacer mucho en este sentido. Ha sido el eterno ausente en este tipo de casos. Ni se pronuncia ni se siente aludido ni nada. Sería interesante preguntarle a los legisladores cómo están viendo este tipo de actuaciones, porque finalmente a ellos les corresponde hacer una revisión concreta de estas leyes”.

▶ DEBE PREVALECER EL INTERÉS PÚBLICO

—¿Encuentra alguna diferencia entre lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón en cuanto a la censura de periodistas? —se le pregunta a la representante de RSF.

—Los hechos recientes nos dicen que no. No hace falta ir muy a fondo. Está la resolución del Poder Judicial en el caso de Sergio (Aguayo). También la demanda que hay ahora en contra de la revista Proceso, sobre todo sabiendo que uno de los asesores del consejo empresarial que asesora al presidente es precisamente Salinas Pliego. No hay que pensar mucho. Lo único que puedo decir es que no vemos todavía una gran diferencia. Los hechos no nos lo muestran así.

No todas las demandas de personajes poderosos contra periodistas, por daño moral, han concluido en malos términos: en febrero de este año, la Corte revocó la sentencia de un tribunal federal que condenaba a la periodista Carmen Aristegui por daño moral al dueño de MVS, Joaquín Vargas Guajardo, quien fue mencionado por la comunicadora en el prólogo del libro La Casa blanca de Peña Nieto.

La Corte consideró, en ese juicio, que la opinión de un periodista está por encima del derecho al honor que pudiera alegar su contraparte, dado que el tema que trata es de interés público.

Aunque no es posible probar que estas acciones de acoso judicial contra periodistas han conseguido acallar las voces, “lo que sí podemos decir es que este tipo de demandas debilitan a las y los periodistas que entran en juicios largos y tediosos, porque, además de recursos económicos, también requieren de tiempo.

▶ PERIODISTAS DE LOS ESTADOS, EN LA INVISIBILIDAD

El problema se agudiza cuando los informadores o comunicadores demandados no tienen la capacidad para visibilizar el acoso legal del que son víctimas, sobre todo quienes viven en el interior de la República y cuyos casos no han sido difundidos, señala Flores.

“Hay algunas formas de acoso judicial que no son tan frecuentes pero existen, como en Guerrero, Michoacán, Coahuila, Chihuahua, donde los periodistas son citados para revelar sus fuentes.

“Aunque hay un acuerdo en la Fiscalía General de la República (FGR) de que los periodistas no pueden revelar sus fuentes, todavía hay autoridades que tienen esta práctica; o en otros casos donde los periodistas han sido citados en investigaciones con esta figura de ser presuntos testigos de un hecho”.

▶ PROTEGER LA INFORMACIÓN, TAREA PENDIENTE

Balbina Flores resalta que una gran tarea pendiente de los periodistas es que conozcan la legislación y que se capaciten para proteger su información, para que cuando lleguen este tipo de demandas, sepan qué hacer y cómo prevenir.

“Hay experiencias en otros países, por ejemplo Estados Unidos, donde los periodistas realizan investigaciones y antes de hacerlas públicas las someten a consulta y asesoramiento por parte de abogados, de manera que estas informaciones queden lo suficientemente protegidas.

“Esto es un gran reto para las y los periodistas en México que se dedican a hacer investigación, porque cuando se publica una información, si hubiese algún dato que no es veraz puede haber un problema; obviamente existen este tipo de leyes que protegen a las personas que han sido mencionadas en esos reportajes”.

Las demandas por daño moral han crecido en el país porque también han aumentado los trabajo periodísticos documentados que señalan los actos de corrupción por parte de funcionarios públicos y empresarios, indica Flores; “esta figura de pronto se convierte en una práctica que va inhibiendo la libertad de expresión”.

Por eso, continúa, el Poder Legislativo tiene que revisar cómo se está aplicando la ley en este tipo de demandas pero, sobre todo, la forma en que se penalizan estas denuncias por daño moral, porque a menudo implican sanciones desproporcionadas.

“En el caso de Sergio Aguayo, nos parece que los magistrados no han sido lo suficientemente apegados a derecho. Vamos a ver hasta dónde llega esta demanda”, y también en el caso de Proceso,” que los jueces puedan restringirse a lo que realmente dicta la ley”, finaliza.

_