Sin embargo también se le concedió libertad condicional a Emilio Lozoya, con medidas cautelares por lo que no podrá salir de Ciudad de México cuando sea dado de alta del hospital. Tendrá un brazalete electrónico y entregará su pasaporte.
El extitular de Pemex se declaró inocente una vez más ante los delitos que se le imputan, ahora por el caso de operaciones irregulares con Odebrecht. Sin embargo, aceptó que el juez de control resuelva en la audiencia inicial su situación jurídica. Se le acusa de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
La audiencia del exdirector de Petróleos Mexicanos se llevó a cabo el pasado miércoles para abordar el caso de la operaciones irregulares con la empresa brasileña. Emilio Lozoya comparece en un hospital y a distancia desde las 9:31 de la mañana.
¿Lozoya como instrumento?
El martes pasado Emilio Lozoya se limitó a acusar, al igual que este miércoles, que los hechos que se le imputan son producto de ser “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”. Además, esta vez, el acusado pidió que se respeten sus datos personales, por lo cual solicitó que se le mencione como “ERLA”.
“El señor ERLA ha sido utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato de poder conformado por altas autoridades del estado mexicano que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”, comentó su defensa.
Además recordó que Lozoya procederá a denunciar los delitos y los nombres de los involucrados, al igual que sus cargos y los presuntos métodos de “instrumentalización” que fueron utilizados para cometer los crímenes.
Los sobornos de Odebrecht
Testigos protegidos en Brasil informaron que entre 2011 y 2014, Odebrecht pagó en sobornos 10.5 millones de dólares a México para asegurar contratos en diversas obras públicas, mientras que la ganancia que obtuvo por los sobornos fue de 39 millones de dólares a través de las adjudicaciones directas.
Asimismo se dio a conocer que se otorgaron 4 millones por parte de la empresa a Emilio Lozoya durante la campaña de Enrique Peña Nieto y 6 millones cuando era exdirector de Pemex.
Lozoya y su relación con Odebrecht
Entre las primeras acusaciones de la Fiscalía General de la República, mencionó que Lozoya favoreció al entonces representante de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses, para conseguirle contratos de obra pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la FGR, el extitular de la empresa en México conoció a Emilio Lozoya cuando era líder de campaña de Peña Nieto. En este tiempo Lozoya le ofreció contratos al representante de la empresa incluso un cargo en la administración pública cuando el EPN llegara a la presidencia.
Asimismo la fiscalía acusó que el extitular de Pemex ocultó movimientos de cuentas bancarias, algunas en el extranjero, cuando era aún jefe de campaña electoral de Peña Nieto. Así como cuando ya era director de Pemex, de no reportar contratos o licitaciones y recibir sobornos de parte de Odebrecht.
“Se le imputa el delito de cohecho cuando, siendo director de Pemex, se reunió en las oficinas con los representantes de Odebrecht y le solicitaron su apoyo para resultar beneficiario de contratos de obras públicas y le prometieron 6 millones de dólares para diversas obras como la refinería de Tula, faltando al principio de objetividad como servidor público”, expresó la fiscalía.
Lavado de dinero con sus familiares
La FGR acusó de lavado de dinero a Emilio Lozoya, a su hermana Gilda Susana Lozoya, su madre Gilda Austin y su esposa. También denunció una serie de irregularidades fiscales en sus cuentas, en el caso de su hermana, por declaraciones de entre 1 y 2 millones en 2015 y 2016.
Acusó que las declaraciones fiscales que presentó la madre del acusado fueron nada regulares. De acuerdo con la fiscalía, el Sistema de Administración Tributaria reportó que la declaración de la madre de Lozoya fue de cero pesos en 2012 y de 109 mil el siguiente año.
“BBVA registró un abono 5 millones de pesos del extranjero y después casi 2 millones pesos equivalentes en dólares, que pasaron desapercibidas por la autoridad fiscal”, explic´o la fiscalía.
Finalmente el juez concedió a la FGR un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que vencerá el próximo 31 de enero de 2021.
