Tras analizar las pruebas del expediente, la CNDH acreditó violaciones graves a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, libertad e integridad personal, por integrantes de la corporación.
Además de la vulneración del derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a personal de la entonces Procuraduría Estatal, ahora Fiscalía General del Estado.
Por lo anterior, la CNDH recomendó al Fiscal General de Coahuila y al munícipe de Monclova reparar integralmente el daño a los familiares de las personas desaparecidas, que contemple el pago de compensación y/o indemnización justa.
Asimismo inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas; proporcionarles atención psicológica y realizar una disculpa pública por las violaciones a derechos humanos cometidas.
Al fiscal general se le pide, específicamente, integrar y perfeccionar la averiguación previa iniciada con la finalidad de instrumentar las medidas necesarias para conocer el destino final de las víctimas; capacitar al personal en materia de desaparición de personas y atención victimológica.
También colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia por la desaparición forzada de las víctimas y las omisiones de su personal, así como con la queja que se presente contra el personal responsable de los hechos.
A Paredes López se le solicita capacitar a los elementos policiales en materia de derechos humanos; emitir una circular para que en desempeño de su encargo actúen bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia entre otras medidas.
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