A los funcionarios se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada, informó la Fiscalía.
La #FGR solicitó ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del Estado de #Guerrero. A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada.
— FGR México (@FGRMexico) 30 de junio de 2020
La FGR detalló que estas órdenes de aprehensión se suman a las obtenidas el pasado 10 de marzo contra funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, quien huyó del país y que ya cuenta con ficha roja de la a Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Añadió que a finales de esta semana espera judicializar a otros funcionarios y dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para que sean analizados.
#EnVivo Mensaje a medios del Titular de la Fiscalía General de la República. https://t.co/QMWx5mTsMK
— FGR México (@FGRMexico) 30 de junio de 2020
En Metepec, Estado de México, fue detenido Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El detenido es el hermano menor de Sidronio y Mario Casarrubias, este último, fundador del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Desde 2015 la FGR ofrecía una recompensa de 1.5 millones de pesos por la captura de El Mochomo.
ANTECEDENTES
El fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que en septiembre de 2014 la entonces PGR consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas en virtud de la inconsistencia y la parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar las violaciones que los involucrados cometieron durante su intervención en el caso.
Destacó que cometieron detención arbitraria, tortura, dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento ocultando pruebas suficientes que permitieran conocer el destino de las víctimas.












