Entregan restos de desaparecido en una bolsa negra; destituyen a funcionario

El pasado 27 de marzo se difundió la imagen de una mujer sentada a lado de una bolsa negra: al interior estaban los restos de su hijo que había desaparecido. Este hecho generó indignación y se exigió la destitución de Alberto Torres Rivera, encargado de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia.

El colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos denunció que la familia de Eladio Aguirre Chable, víctima de homicidio, sufrieron un trato cruel, degradante, inhumano y revictimizante por parte de autoridades del municipio Las Choapas, Veracruz.

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Acusaron que Alberto Torres Rivera y el fiscal Lenin Juárez Jiménez entregaron el cuerpo de Eladio Aguirre Chable “en condiciones deplorables y precarias, sin atender a sus obligaciones previstas en el marco normativo en materia de personas desaparecidas”.

El colectivo mencionó que los funcionarios no siguieron los estándares forenses necesarios, particularmente en materia de identificación. “Resaltando la falta de entrega digna del cuerpo y respeto a los derechos de las familias a un trato digno”.

“¿Cómo es posible que las autoridades entreguen los restos de una persona en una bolsa de plástico negra sin sellar a una madre que busca a su hijo?”, cuestionó el colectivo.

DESTITUYEN A FUNCIONARIO QUE ENTREGÓ LOS RESTOS EN UNA BOLSA NEGRA

Por su parte, la fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, informó que separaron de su cargo a Alberto Torres Rivera y en su lugar quedó Jessica Lizbeth Orozco Prescenda.

Anunció que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes sobre este caso “para fincar las responsabilidades penales en contra de los servidores públicos que violentaron la ley y los protocolos”.

“En este caso fueron violados los protocolos avalados por instancias federales y estatales que, de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos humanos de las víctimas, se deben seguir al momento de la entrega digna de personas fallecidas”, expuso.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Víctimas, “una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales.