La defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, pidió al juez Brian Cogan de la Corte de Brooklyn, Nueva York, exigir al Departamento de Justicia de EU que revele los nombres de los testigos, los cuales están reservados por seguridad.

“Escribimos a la Corte para que ordene al gobierno dar la lista con todos los nombres de testigos relevantes”, expresó el abogado de oficio del exsecretario, César de Castro, en una misiva fechada el 21 de noviembre, reportó Proceso.

Asimismo, de Castro reclamó que tampoco saben si testificarán presencialmente en la Corte:

“La resistencia del gobierno a entregar un documento completo parece indicar su rechazo a informar a la defensa sus planes sobre los testigos que piensa llamar”, escribió.

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¿Por qué la fiscalía de EU debe entregar su lista de testigos contra García Luna?

El defensor argumentó que, como parte de la preparación del juicio, EU debe entregar cuestionarios para los posibles miembros del jurado y revelar la lista de las personas que declararán contra su cliente, quienes se mantienen en el anonimato hasta el juicio, debido a que su vida podría correr peligro.

A través de un infiltrado en la prisión, los fiscales estadounidenses obtuvieron grabaciones en las que supuestamente García Luna reveló sus intenciones de manipular o asesinar a los testigos.

Sin embargo, la defensa explicó que este listado es importante para garantizar la imparcialidad de los jurados y descartar alguna relación con ellos o con otras personas involucradas en el caso.

Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, hermano menor de El Mayo Zambada, es uno de los testigos protegidos que declararán. El exoperador del Cártel de Sinaloa también testificó en contra de El Chapo Guzmán.

Genaro García Luna, mano derecha del expresidente Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico, acusado de recibir sobornos para colaborar con el Cártel de Sinaloa, podría recibir una sentencia de 20 años de cárcel o cadena perpetua.

La fiscalía de EU le dio la opción de declararse culpable y convertirse en testigo cooperante, con lo que la condena se reduciría a cinco o siete años. Después de cumplir su condena, lo deportarían para enfrentar ahora a la justicia mexicana.

El juicio iniciará el 9 de enero de 2023.

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