Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó las “malas interpretaciones” a las que se prestó su participación en un video transmitido en vivo el pasado viernes, en el que pareciera que se muestra a favor de la extensión de mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

“Lamento, profundamente, las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video grabado el viernes en Baja California, sin mi conocimiento ni autorización”, expresó la secretaria en un posicionamiento difundido este lunes, en el que también afirmó que tanto opiniones públicas como privadas son congruentes.

“Afirmo que, tanto en público como en privado, mis valores y razón dan congruencia a mi actuar”, dijo Sánchez Cordero, quien fue captada diciendo “para mí que la norma va a pervivir”, en una reunión con el gobernador Bonilla, luego de la toma de protesta a la que acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La secretaria se refería a la norma aprobada por el Congreso estatal (e impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación), conocida como “ley Bonilla”, que permite que el ahora gobernador extienda su mandato a cinco años, cuando originalmente fue votado sólo para un periodo de dos.

Su comentario a favor, sin que ella supiera que estaba siendo grabada, causó polémica en la opinión pública porque la encargada de la política interior es públicamente una de las principales figuras en contra de dicha ley, ya que en distintas ocasiones la ha calificado de “inconstitucional”.


“Con relación a la ampliación del periodo del gobierno de esa entidad federativa, reitero mi postura definida en los términos utilizados, tanto en mis intervenciones ante los medios de comunicación masiva, como en el Senado de la República y el video en cuestión.

“Considero, y así lo declaré, que en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso local, que prolongó de dos a cinco años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad.

“Como también lo he declarado en distintas entrevistas, se trata de un asunto que corresponde resolver, única y exclusivamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que será la encargada de determinar si la norma emitida por el Congreso local es o no inconstitucional, de lo que dependerá la duración del mandato del actual gobernador”.

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