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México: Las 5 mil comisiones que enriquecen a los bancos
Por: Carmen García Bermejo.
Las pizarras electrónicas de la Bolsa Mexicana de Valores parecían contagiadas de viruela. Números rojos brotaban en los tableros de ese centro bursátil. Pasaba el mediodía de ese jueves 8 de noviembre de 2018 cuando los altibajos en las operaciones financieras eran cada vez eran más evidentes.
Algo grave ocurría.
Faltaba un par de horas para el cierre del día y el índice bursátil estaba al rojo vivo. El desconcierto entre los agentes financieros inundó el edificio circular del salón de remates. Los bancos eran los más afectados: Banorte caía hasta 11.76 por ciento, Inbursa perdía 9.86 por ciento, Banco Azteca 8.66 por ciento, Santander 8.05 por ciento, Banco del Bajío 7.74 por ciento, Banregio 6.15 por ciento, en tanto que BBVA Bancomer caía 2.92 por ciento.
Apenas 10 días antes, la Bolsa ya había sufrido un descalabro, cuando el Índice de Precios y Cotizaciones cerró con una pérdida de 4.15 por ciento. La reacción de los inversionistas tenía una explicación: el anuncio del recién electo presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
Pero ese 8 de noviembre la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró el desplome más intenso de la última década. La onda expansiva se generó en un recinto localizado a menos de un kilómetro: la Cámara de Senadores, ubicada también sobre el Paseo de la Reforma, donde se ubican las sedes de los grupos financieros y empresariales más poderosos del país.
A las 12:45 horas la voz de la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, del grupo parlamentario de Morena, resonó desde la tribuna del pleno del Senado: “Resulta necesario que tomemos medidas para abatir el elevado cobro de comisiones bancarias que tanto vulneran y dañan la economía de las familias mexicanas…”.
Ese día, legisladores de todos los partidos propusieron 29 iniciativas. Hacía apenas tres meses que se había renovado el Congreso, después de la victoria electoral de AMLO, y los nuevos integrantes llegaron con ímpetu a proponer reformas.
La bomba informativa estalló cuando la senadora Caraveo Camarena planteó prohibir 14 de los 5 mil 310 cobros que los bancos imponen a los usuarios por diversos productos y servicios, como los siguientes:
- Por consulta de saldos en ventanilla, por operaciones de consulta de saldo y retiro en efectivo en cajeros automáticos internos y por no facturar monto mínimo a comercios que hacen uso del producto de terminal de punto de venta.
- Por reposición de plástico bancario a causa de robo o extravío, por emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos, por aclaraciones improcedentes de la cuenta derivados de movimientos o cargos no reconocidos.
- Por disposición de crédito en efectivo y por anualidad de tarjetas de crédito, por solicitud de estado cuenta de meses anteriores en sucursal y vía telefónica.
- Por transferencia, exitosa o no, a otros bancos; por adquisición o administración de dispositivos de seguridad para la producción y utilización de contraseñas de uso único.
- Por el mantenimiento de saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía, por cheque de caja, girado y certificado, y por trámite al depositante de cheque para abono en su cuenta que sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado.
Apenas bajó la senadora de la tribuna, Ricardo Monreal, autor de la iniciativa, coordinador de la fracción de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, ya estaba pegado a su celular recibiendo llamada tras llamada. Poco después, la Bolsa de Valores se desplomó 5.81 por ciento; esto es, una pérdida superior a 82 mil millones de pesos –unos 4 mil 300 millones de dólares– en el valor de cotización de los grupos bancarios y otras empresas de servicios financieros, principalmente.
En México operan 45 bancos, pero subsidiarias de instituciones extranjeras como Citibanamex, BBVA –antes Bancomer–, Santander, Scotiabank y HSBC, así como los mexicanos Banorte, Inbursa y Banco Azteca, concentran entre 85 y 90 por ciento de la actividad.
Por eso, los grupos financieros reaccionaron de inmediato. La propuesta de ley afectaba uno de sus principales ingresos: el cobro de comisiones por la venta de productos bancarios, que representa 30 por ciento del negocio. Sólo por este concepto se generaron 108 mil millones de pesos –unos 5 mil 362 millones de dólares– para las entidades del sector en 2017. A la fecha, el sistema financiero ofrece una cartera de mil 299 productos por lo que se cobran 5 mil 310 comisiones.
Aquel jueves 8 de noviembre, la propuesta para eliminar los cobros bancarios se envió a las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para su análisis. Ahí es donde actualmente se da la batalla.
Con el universo de usuarios de la banca que registra el Informe 2018 del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, al menos 35 millones de mexicanos están endeudados con la banca porque tienen alguna o varias deudas vía tarjeta de crédito, crédito de nómina, seguro de auto, hipoteca, seguro de vida.
Al conocer con amplitud el sistema financiero, Esquivel precisa que los bancos son intermediarios que buscan llevar dinero de donde sobra a donde falta. Pero en México la banca no sirve mucho para propiciar crecimiento económico, resalta; tendría que haber más crédito a la inversión, crédito productivo, y no tanto al consumo.
Horacio Esquivel también es profesor de posgrado en la UNAM y posee una maestría en Banca y Mercados Financieros por la Universidad Anáhuac. Sabe de lo que habla y advierte a los ciudadanos: deben tener cuidado cuando “el canto de las sirenas” les ofrece tarjetas bancarias: “El sistema bancario usa el lenguaje de los casinos: ‘la casa nunca pierde’. Quien pierde es el usuario”, explica.
Además de la dinámica que conlleva pagar los productos financieros que adquiere, los usuarios batallan en denunciar el cobro de comisiones bancarias que no reconocen por manejo de cuenta, por disposiciones de dinero efectivo, por cobro de productos no reconocidos y por otras tantas comisiones que se les carga en sus cuentas.
Una serie de testimonios recabados para el proyecto “Los abusos de la banca en América Latina” –esfuerzo colaborativo coordinado por OjoPúblico que revisa las prácticas del sistema financiero en cuatro países de la región– ofrece un panorama dramático del impacto de estas distorsiones en México: clientes que han perdido todo su dinero por créditos que nunca pidieron y otras modalidades de fraude que los bancos no terminan de controlar y tampoco ayudan a esclarecer.
De acuerdo con el reporte “Reclamaciones en materia de cobro no reconocido de comisiones”, elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el periodo 2011-2017 hubo cerca de 3.5 millones de denuncias por este concepto; es decir, entre 500 mil y 600 mil reclamos por año. Santander, Scotiabank, Citibanamex, Banco HSBC, BBVA Bancomer, Banorte, Banco Azteca e Inbursa acumulan el mayor número de denuncias.
En México existe un extenso catálogo de comisiones vinculadas a las tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, depósitos, aclaraciones improcedentes, saldos promedio, cheques girados, manejo de cuenta de tarjetas de nómina, cobros de comisiones domiciliarias, cobros por banca móvil o electrónica, pago de bienes o servicios, transferencias interbancarias y un largo etcétera.
Los bancos que operan en el país venden más de mil productos y pueden cobrar comisiones por el uso de una tarjeta de crédito, por efectuar depósitos o por la expedición de créditos para adquirir una casa o un automóvil.
Sólo en la tarjeta de crédito un banco puede llegar a cobrar hasta 19 diferentes tipos de comisiones; en cuenta de cheques, hasta 26; y en crédito hipotecario, cinco, al igual que en crédito personal.
El Informe del Consejo Nacional de Inclusión Financiera revela que 90 por ciento de los 40 millones de adultos que maneja un producto bancario desconoce las comisiones que le cobran en su cuenta de depósito, no compara los productos financieros que contrata, no sabe si le cobran comisiones por su crédito de nómina e ignora si le cobran anualidad por usar su tarjeta de crédito. Esto lo saben los banqueros y, aun así, ofrecen al cliente facilidades para comprar sus productos.
El abuso empieza por captar más deudores que desconocen en qué se están metiendo. “De los 45 bancos que operan en México, ni siquiera 10 ofrecen orientación a los clientes para seleccionar los productos y conocer sus riesgos”, explica el economista Mario Di Constanzo.
Por ejemplo, las comisiones que más se cobran en las tarjetas de crédito son por reposición de plástico –debido a robo o extravío–, por disposición de crédito en cajero automático y por anualidad.
Sólo por el cobro de anualidad al tarjetahabiente, los bancos obtuvieron en 2017 ingresos por 18 mil 382 millones de pesos (945 millones 288 mil 884 dólares).
En el documento “Breve panorama de la banca en México”, la asociación de banqueros afirma que “el porcentaje de los ingresos por comisiones de los bancos en México no difiere del de sus matrices”. Sin embargo, el expresidente de esa asociación, Marcos Martínez Gavica, reconoce ante la prensa: “Uno de los factores por los que la banca en México cobra más comisiones que sus pares en otras partes del mundo se debe a que somos uno de los países en desarrollo que presenta los niveles más bajos de penetración bancaria”.
La realidad es que México es de los países latinoamericanos donde las comisiones representan mayores ingresos para los bancos. “La propuesta del senador Monreal para reducir al menos 14 comisiones bancarias significa quitarles casi 50 por ciento de los ingresos que los bancos obtienen por comisiones. Por eso reaccionaron de manera violenta y tiraron la Bolsa Mexicana de Valores”, dice Di Constanzo, un exdiputado que también ha sido presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
“Quisiéramos ver a Santander en México aplicando las mismas comisiones que en España, quisiéramos ver a Banamex aplicando las mismas comisiones y tasas de interés que en su país de origen. Aquí existe una desproporción y por eso se plantea la moderación y revisión profunda”, explica el senador Ricardo Monreal.
Doctor en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, Monreal se incorporó a la vida política en 1975. Su hoja de vida indica que tres veces ha sido diputado federal con distintos partidos políticos; que gobernó Zacatecas, su estado natal; que fue jefe de la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y que ha ejercido en tres ocasiones como senador de la República.
Durante su paso por el Congreso, ya había propuesto hace 11 años normas para prohibir algunas comisiones bancarias. En aquel momento, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, se discutía la aprobación del cobro del Costo Anual de las Tarjetas de crédito (el CAT). Los banqueros presionaron a los legisladores y prometieron “autorregular las comisiones”. Esa vez, la propuesta de Monreal no prosperó y la mayoría de los senadores aprobaron el CAT.
Cuando se le ha preguntado a Monreal si hay riesgo de que suceda lo mismo con esta nueva iniciativa, responde: “No estamos ante esa posibilidad. Entonces, se acordó que el Banco de México estableciera las reglas para reducir los cobros, pero se autocontuvieron. Todo siguió igual. Es el momento de hacerlo”.
Monreal se refiere al 1 de julio de 2018, cuando Morena ganó la Presidencia de la República y la mayoría de las curules en el Congreso de la Unión. El zacatecano habla con cautela. Después del desplome de la Bolsa Mexicana de Valores le ha quedado clara la fuerza de los banqueros y se muestra un poco conciliador: “Antes de dictaminar la iniciativa escucharemos a inversionistas, instituciones financieras y grupos económicos. Encontremos la manera de no perjudicar tanto al ciudadano”.
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la banca en su conjunto obtuvo ganancias por 110 mil millones de pesos en 2017 y 80 por ciento de ese ingreso lo captó por el cobro de comisiones bancarias y tasas de interés.
La propuesta de eliminar algunas comisiones bancarias hizo que el poder económico alzara la voz. En un escueto comunicado, una vez que la Bolsa había cerrado, la Asociación de Bancos de México (ABM) señaló: “Los servicios bancarios son la base para múltiples actividades de individuos y empresas, y para el financiamiento de grandes proyectos nacionales, lo que contribuye de manera decidida al desarrollo nacional”.
En México, la ley sobre servicios financieros señala que el Banco de México es el responsable de emitir normas que regulen las comisiones, después de pedir la opinión de la CNBV, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Por eso, la ABM precisaba en su breve comunicado que analizaría el contenido de la iniciativa de ley.
Las presiones también llegaron al Poder Ejecutivo. El representante de la Asociación de Bancos de México se comunicó con el entonces recién nombrado secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para expresarle su “preocupación” por la propuesta.
Esa llamada motivó que Urzúa convocara a su equipo de trabajo y a los líderes de Morena, a quienes les pidió que revisaran los impactos fiscales de sus iniciativas de ley antes de hacerlas públicas. Al salir de la reunión, el secretario de Hacienda leyó un comunicado para resaltar su compromiso de trabajar con los legisladores y con diversos actores del sector económico “para encontrar el marco regulatorio que permita el desarrollo armónico de la economía y de las finanzas públicas y privadas”.
El gobierno entrante quería calmar por todas las vías la incertidumbre de los inversionistas. A Urzúa se sumó, al día siguiente, el mensaje del entonces recién electo presidente López Obrador: “No vamos a hacer ninguna modificación al marco legal que tenga que ver con lo financiero en los primeros tres años… Como lo dije en campaña, no vamos a cambiar las reglas de operación en los bancos”, apuntó el presidente.
Todos lucían traje oscuro y corbata. Aunque apenas había pasado el mediodía, acudían a un evento en el Palacio Nacional, donde el presidente de la República tiene sus oficinas. Ese jueves 27 de junio los invitados ingresaron al Salón de Acuerdos del recinto y cada uno tomó un lugar en la larga mesa rectangular que se despliega al centro del gran salón. Eran 23 representantes de los más importantes bancos extranjeros y nacionales que operan en México.
Los banqueros acudían al llamado del presidente para firmar un acuerdo de refinanciamiento con el fin de renovar líneas de crédito revolventes por 8 mil millones de dólares, con tasas de interés más bajas y mayor tiempo que las manejadas para fortalecer a Pemex, la gigantesca empresa petrolera del país.
Era mucho dinero y valía la pena dejar atrás el golpeteo político que banqueros y legisladores de Morena, al que pertenece López Obrador, tuvieron a fines de 2018 al discutirse la eliminación de 14 comisiones bancarias.
La cúpula del sistema financiero mostraba ahora su tono conciliador: “Esta operación demuestra nuestra confianza en la administración actual de Pemex y en el gobierno federal”, afirmó Nuno Almeida Matos, director del Grupo Financiero HSBC que, junto con los representantes de Citibanamex, BBVA Bancomer, Scotiabank, Santander, JP Morgan, Bank of America, Bank of China, Banorte y 16 bancos más, firmó el acuerdo.
Los grupos financieros han mantenido sus nexos con el gobierno en diferentes administraciones. La fuerza de los bancos no sólo radica en que son los dueños del dinero. Los banqueros saben que su negocio también depende de sus vínculos con el poder político y económico. Por ello, incorporan a sus consejos de administración a empresarios y exfuncionarios de alto nivel. Los bancos más poderosos que operan en México saben que esas figuras les permiten asegurar relaciones con los políticos en turno.
En la actualidad, se puede encontrar al exsecretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, como presidente del Consejo de Administración del BBVA, o a José Antonio Meade, excandidato a la Presidencia de México y exsecretario de Hacienda del gobierno anterior, como integrante del Consejo de Administración de HSBC Holdings.
A fines de octubre de 2014, el banco canadiense Scotiabank decidió ampliar sus programas de crédito a proyectos energéticos públicos y privados con valor de hasta 10 mil millones de dólares durante los siguientes cinco años. En ese momento, el Poder Ejecutivo federal ya había publicado la polémica reforma a la ley que permitía abrir la industria energética del país a la inversión privada. “Creemos que las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto crean muchas oportunidades para negocios de todos los tamaños”, dijo Brian Porter, presidente de Scotiabank en su visita a México.
El ejecutivo bancario no tomaba sus decisiones a ciegas. En febrero de ese año, el banco integró a Guillermo Babatz a su junta directiva. No lo contrató por ser el director de una firma de consultoría para soluciones financieras. De 2007 a 2012, Babatz dirigió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organismo gubernamental que regula las entidades financieras en el país; es decir, fue responsable de la reglamentación y supervisión de los bancos, operadores de inversiones, corretaje y fondos mutuos, entre otros intermediarios financieros, así como de la regulación y supervisión de los mercados de valores de México.
Era otro de los exfuncionarios que han pasado a las filas del sistema bancario.
La propuesta de ley para eliminar al menos 14 comisiones bancarias sigue su curso. Los congresistas han abierto el tiempo necesario para escuchar a las partes. Alejandro Armenta, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, señala: “Los bancos que operan en México obtienen ganancias no por otorgar créditos, que es su razón de ser, sino por los servicios financieros que ofrecen. Y ese no es el verdadero objetivo de un sistema bancario”.
Tiene razón. De las de 5 mil 310 comisiones bancarias, el 58 por ciento se relaciona con productos de crédito, 39 por ciento con productos de captación y 3 por ciento con servicios.
“La propuesta de eliminar 14 comisiones bancarias generó mucho revuelo. Pero quién no ha sido víctima de cobros indebidos, de fraudes, de la pérdida de su dinero por movimientos irregulares de la banca. Todo esto está pasando y luchar contra una institución bancaria es complicadísimo”, dice Ricardo Monreal.
Para elaborar el dictamen de la propuesta de ley que reduce las comisiones bancarias, los congresistas que integran la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores realizaron una decena de reuniones con los órganos encargados de regular al sector bancario en México.
A la fecha tienen listo un documento que se encuentra en fase de autorización para presentarlo en el Congreso con su respectivo análisis y modificaciones. El estudio se podría dar a conocer en el actual periodo ordinario de sesiones, que culmina en diciembre.
Los abusos de la banca en América Latina es una serie coordinada por la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico en alianza con Ciper (Chile), La Octava Digital (México) y Cuestión Pública (Colombia).
Edición general: David Hidalgo Edición: Diego Salazar Investigación: Carmen García Bermejo, Juan Vargas, Alberto Arellano, Juan Pablo Sallaverry, David Tarazona. Ilustraciones: Héctor Huamán.
SEGUNDA PARTE
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