La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, reveló que una serie de auditorías a la administración de su antecesor, Luis Raúl González Pérez, indican múltiples gastos que no tienen nada que ver con la defensa de los mexicanos.
Cerca del 70 por ciento del presupuesto se destinaba a gastos de difusión de la imagen, viajes al extranjero, comidas, viáticos, pero nunca a lo que debía ser: atender a las víctimas, sostuvo.
En entrevista para la revista Contralínea, Rosario Piedra señaló que se descubrió un negocio de venta por Internet de diplomas otorgados por la institución.

“Lo hacía de manera descarada. ¿Sabe cómo lo descubrimos? Descubrimos que los vendían en Mercado Libre por 150 pesos”, precisó.

Otros gastos irregulares encontrados son la adquisición de decenas de automóviles de lujo y blindados para uso privado de los funcionarios, de los cuales 42 de ellos ya están en proceso de venta.

Explicó que la administración anterior promovió amparos para que no se redujeran los sueldos mensuales, donde algunos funcionarios cobraban hasta 400 mil pesos al mes.

“Había hasta cinco sueldos diferentes para un mismo puesto. Por ejemplo, había directores, algunos ganaban 108 mil pesos y otros 66 mil pesos, había investigadores que ganaban más de 100 mil pesos y otros con un sueldo de 60 mil pesos”, afirmó.

Explicó que se retiraron los bonos, ayudas, estímulos falsos, choferes y gastos superfluos como teléfonos celulares, hoteles, comidas y bebidas.

El pasado 25 de mayo, la misma revista reportó que se pagaron cientos de millones en asesorías, seguimientos de entrevistas, elaboración de informes o compra de camisetas y gorras por más de mil contratos con un gasto de 300 millones de pesos en solo 4 años.

Otra inconsistencia es la creación de puestos que no están contemplados en la Ley de la CNDH, como la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, encabezada por Joaquín Narro Lobo, hijo de del exsecretario de Salud con Enrique Peña Nieto, José Narro Robles.

Rosario Piedra preside la CNDH desde el 16 de noviembre de 2019, a pesar de la resistencia del sector empresarial, y de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).