El periodista Ignacio Rodríguez Reyna publicó una investigación en donde informa que en junio de 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ordenó desbloquear 722 cuentas bancarias ligadas al narcotráfico.

La investigación, publicada en el portal Aristegui Noticias, detalla que con estas acciones, casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares quedaron nuevamente a disposición de “de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos del narco”.

El beneficio alcanzó también a empresas vinculadas a la Estafa Maestra, a cientos de compañías factureras; o a particulares y firmas empresariales ligadas al desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI.
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Ignacio Rodríguez Reyna relata que fue a las 17:47 del 4 de junio de 2018, cuando un hombre ingresó a Hermes, el sistema instalado en algunas de las computadoras de la UIF, y envió el requerimiento 110/E/564/2018.

En dicho documento se ordenaba la eliminación “de la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a las personas enlistadas (…) mismas que fueron incluidas en dicha lista a través de los acuerdos respectivos y cuyos nombres fueron puestos a disposición de las entidades financieras”, y en donde aparece la firma de Orlando Suárez López, titular de la UIF.


¿A QUIÉNES BENEFICIÓ ESTE ACUERDO?

El periodista documentó que personas y empresas relacionadas con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, integrante del Cártel de Sinaloa, se vieron beneficiadas tales como Juan Manuel Álvarez Insunza, Procesadora Shrimp & Fish SA, Nueva Atunera Tritón SA, Abud Nager Amike, José Mustri Tuachi, Jaime Antonio Mandujano Eudabe, Martha Karina Tirado Lizárraga, Luis Ignacio Muñoz Orozco, Armando Arturo Chávez Gamboa, Daisy Estrada Corrales y María Ferré SA de CV.

Lo mismo ocurrió con personas vinculadas a Juan José El Azul Esparragoza Moreno, narcotraficante sinaloense. En este caso se eliminó de la lista a dos de sus hijas Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum; a su exesposa, María Guadalupe Gastélum Payán; a los abogados, Juvencio Ignacio González Parada y Jannete Iliana González Linares; y la firma inmobiliarias Urbanizadora Nueva Italia.

Cuentas bancarias de familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero también se descongelaron, tal es caso de sus hijos Héctor Rafael Caro Elenes, Henoch Emilio Caro Elenes, Mario Yibrán Caro Elenes, Roxana Elizabeth Caro Elenes y de su exesposa María Elizabeth Elenes Lerma.

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, Fernando Torres González, Hotelito Desconocido SA de CV (Servicios MM del Pacífico SA de CV), HD Collection SA de CV, W&G Arquitectos SA de CV, Ahome Real State SA de CV, Intercorp Legoca SA de CV, la Firma Miranda SA de CV, también resultaron beneficiados. Todos ellos están ligados a grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus grupos aliados.


INVESTIGACIÓN CONTRA EXTITULARES DE LA UIF

El periodista Ignacio Rodríguez Reyna también informa que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya procesan la denuncia presentada en junio de 2019 en contra de Alberto Bazbaz y Orlando Suárez López, ex titulares de la UIF, y de Mauricio Moreno Balbuena, ex director de Procesos Legales de esa unidad.

“En la denuncia se les responsabiliza de haber tomado decisiones de ‘manera ilícita y en contravención de sus atribuciones’ y de haber realizado actos administrativos carentes de sustento legal que ‘concluyeron en la eliminación masiva de personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas’ de la UIF”, recalca el periodista.