El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto descubrió 85 casos de defraudación fiscal cometidos por contribuyentes en el sexenio de Felipe Calderón, los cuales la autoridad financiera no denunció.

El análisis observó que aunque se podía evitar que los delitos prescribieran, el SAT optó por no denunciar 83 de los 85 casos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La auditoría interna 018/2018 “Áreas de fiscalización destinadas a la atención de asuntos de defraudación fiscal”, concluida dos meses antes del fin del gobierno de Peña Nieto, especificó que la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) envió a la Administración de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes (ACEGC) 85 “casos especiales”, es decir, por posible defraudación fiscal, sin embargo solo dos asuntos fueron turnados a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

De acuerdo con una publicación de la revista Contralínea, la auditoría especifica que en 83 de los 85 casos especiales la autoridad fiscal no actuó conforme a derecho y permitió que los delitos prescribieran.

La auditoría también detalla que la Administración de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes argumentó distintas causas para no proceder contra los presuntos evasores, por ejemplo por no contar con elementos suficientes, por prescripción, por ser propuestos antes de los 6 meses de iniciadas las facultades de comprobación, por autocorrección, por no competencia y por no atender requerimientos de información.

El documento advierte que se contó con tiempo suficiente para evitar los casos de prescripción o preclusión de la acción penal, lo que resultó en un probable perjuicio del fisco federal.

También se evidencia que probables casos de defraudación fiscal durante el gobierno de Calderón pudieron ser advertidos por el SAT durante el sexenio de Peña Nieto y evitar que los delitos prescribieran después de 5 años, como ocurrió, sin llegar a ser investigados por la PFF.

El asesor fiscal y exfuncionario del SAT, Gustavo Lara, explicó que hay deficiencias en la capacitación de las áreas fiscalizadoras, la cual pudo ser la posible causa para que muchos de esos casos no llegaran a ser investigados, por lo que sugirió mayor apoyo y supervisión en materia legal para los contadores encargados de esa función.

El Órgano Interno de Control recomendó al SAT capacitar a su personal en la observancia de lineamientos y normas y propone incluir en el Programa Integral de Formación, capacitación a “servidores públicos que tienen como responsabilidad informar de los asuntos en que adviertan este tipo de delitos”.