Entre 2013 y 2014, la división de Asuntos Internos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, dejó sin justificar 102 millones de pesos de un presupuesto para asuntos de seguridad, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con una investigación del periódico El País, se detectaron “movimientos extraños” en depósitos y retiros de dinero de las cuentas de Asuntos Internos. El diario español afirma que los ingresos son, casi todos, por 5 millones de pesos, mientras que los retiros en efectivo se hacían por la misma cantidad dos o tres días más tarde.

Entre los funcionarios que ayudaban al retiro de efectivo se encontraba Luis Lagarde, quien llegó con Murillo Karam a la entonces procuraduría en 2013. Se fue junto con Murillo Karam a la Secretaría de Desarrollo Agrario, tras la nula resolución del exprocurador en el caso de la desaparición y muerte de los estudiantes de Ayotzinapa. Lagarde ocupó la dirección general de finanzas y administración del Registro Agrario Nacional.

“Asuntos Internos de la PGR pasó de gastar 600.000 pesos en 2011 y dos millones en 2012 a 73 millones en 2013 y 71 millones en 2014. En total, 144 millones, un aumento del 3.400%”, escribe el periódico.

El dinero se tenía contemplado como parte del presupuesto destinado a gastos relacionados con seguridad pública y nacional. Tanto la PGR, como la Secretaría de Gobernación y el ejército mexicano, aumentaron sus gastos de seguridad de 9 mil 500 millones de pesos en 2014 a 13 mil millones al final del mandato de EPN, narra el reportaje.

La PGR usó 32 millones para pagar los servicios de Balam Seguridad, compañía dedicada a sistemas de inteligencia y vinculada al programa de espionaje a periodistas y activistas Pegasus.

Las fuentes consultadas por El País, que trabajaron durante el periodo de titularidad de Murillo Karam aseguraron que el aumento del gasto en seguridad pública se debió a la reparación de aeronaves, la compra de un avión, el aumento del salario de los policías ministeriales y un centro de capacitación en Querétaro. Gastos de los cuales no aportaron documentos.

“La actual administración de la Fiscalía General de la República ha reactivado esta investigación, abandonada en los años de Peña Nieto. ‘Va muy avanzada. No tardaremos en judicializarla’, ha dicho un vocero de la dependencia. En la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda conocen igualmente el contenido de la investigación”.