La periodista Lydia Cacho retomó la información dada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien afirmó que un juez ordenó que se descongelaran 800 millones del empresario Kamel Nacif, acusado de torturar a la periodista y por trata de menores.

A través de su cuenta de Twitter acusó de corrupción al poder judicial mexicano y sentenció que el hecho “es alimento” de la más “rampante impunidad”. Por lo que recordó las palabras del titular de Inteligencia Financiera: “Así no podremos combatir a la delincuencia organizada”.

Al respecto Santiago Nieto respondió este sábado a la periodista que desde la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, ya se había promovido un recurso de revisión contra esa decisión judicial.

Expuso además que el argumento del juez fue que la solicitud de la autoridad extranjera no decía textualmente “bloqueo de cuentas”. Incluso destacó que este criterio se ha utilizado por jueces cercanos a Eduardo Medina Mora.
Kamel Nacif Borge tiene una orden de aprehensión por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho. Se presume que se detuvo a la comunicadora en 2005, tras publicar su libro Los Demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía infantil, por órdenes del exgobernador de Puebla, Mario Marin, y con presiones de Nacif.

En entrevista para Rompeviento TV, el titular de Inteligencia Financiera comentó que la decisión del juez permitió que se liberaran los 800 millones de Kamel Nacif, dinero que ya estaba congelado anteriormente por la UIF.

“El juzgado de distrito determinó que, como la solicitud de bloqueo de cuentas que venía por parte de una autoridad norteamericana no decía expresamente “bloqueo de cuentas” sino solamente solicitar información, declararon inconstitucional el bloqueo y permitieron la liberación de 800 millones”, comentó Nieto en la entrevista.

Asimismo compartió se interpuso un recurso en contra de esta decisión por descongelar las cuentas y esperan la resolución del tribunal colegiado. Sin embargo recalcó que el conflicto con estas decisiones desde el poder judicial es que al liberarse los recursos los involucrados salen del país.