El cierre de los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) ha provocado el crecimiento de los Centros de Prestación de Servicios (CPS) operados por la iniciativa privada.

De acuerdo con información de la revista Proceso, los grupos empresariales que construyen y operan los CPS están encabezados por Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir e Hipólito Gerardo Guerrero.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los CPS recibieron en 2018 un presupuesto de 14 mil 154 millones de pesos, sin embargo ese monto ascendió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a 17 mil 558 millones de pesos.

Ambos presupuestos son mayores que los 3 mil 61 millones 193 mil pesos entregados en 2017 durante el sexenio anterior.

Proceso añade que los beneficiados son los empresarios Carlos Slim, propietario de IDEAL; Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, dueños de Prodemex, así como Larry Fink, presidente del fondo de inversión BlackRock.

También están Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y dueño del Grupo Ingeniería, Arquitectura y Asociados (GIA) y de Grupo ICA, constructora a la que el actual gobierno le otorgó contratos de construcción para las obras del Tren Maya y el Parque Ecológico del Valle de Texcoco.

De acuerdo con información de La Jornada, los CPS se encargan de la construcción, equipamiento y operación de ocho centros penitenciarios con vigencia hasta 2032.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs) especificó en marzo de 2019 que los CPS proporcionan todos los servicios a los Ceferesos 11, en Sonora; al 12, en Guanajuato; al 13, en Oaxaca; el 14, en Durango, el 15, en Chiapas; el 16, el femenil de Morelos; el 17, en Michoacán y el 18, en Coahuila.

A finales de septiembre, el gobierno de López Obrador anunció el cierre del Cefereso número 2 de Occidente, en Puente Grande, Jalisco.

Detalló que las personas privadas de la libertad y los trabajadores del lugar serán reubicados en otros centros penitenciarios federales.

En septiembre del 2019 también fue cerrado el penal de Topo Chico, en Nuevo León, luego de 76 años de funcionamiento. De acuerdo con una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ambas decisiones son parte de una modernización de los penales en busca de una mejor readaptación social.