Una jueza otorgó la suspensión definitiva del tramo dos del Tren Maya. Con ello, las comunidades y organizaciones de la sociedad lograron que las obras en el tramo de Escárcega a Calkiní se detengan por las afectaciones que traerán al ambiente.

Fue en el juzgado primero de distrito de Campeche, donde se ordenó al gobierno de México que se detenga la construcción del segundo tramo del Tren Maya, una de las obras de infraestructura más importantes de la administración en turno.

Tras haber solicitado un amparo en julio pasado, se dio a conocer que la suspensión será definitiva y se le ordenará a las dependencias como el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a que acaten la suspensión.

En conferencia de prensa, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) advirtió las consecuencias ambientales más allá de las propias obras para el tren, sino como un proyecto que tendría como consecuencia otros proyectos de mayor impacto en la zona.


Aurora Beltrán, de Quintana Roo, advirtió que además del impacto directo ambiental como la deforestación, se promueven una serie de actividades consecuentes al Tren Maya, como planes de desarrollo humano y turismo masivo al cual se han opuesto por el tipo de impacto que podría representar, así como la densificación hotelera al estilo de Cancún, Tulum o Playa del Carmen.

“No nos estamos amparando contra una vía ferroviaria y un tren, nadie podría ver con malos ojos que la península de Yucatán se conectará de forma sustentable; aquí el problema es lo que implica. El Tren Maya está impuesto para promover otros megaproyectos, cambiando de manera radical nuestras formas de vida”.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este martes que la suspensión se cumplirá, aunque dijo en conferencia matutina que “hay muchos intereses inmiscuidos” en las obras que hace el gobierno de México.

“Hay varios amparos, se han ido resolviendo, no hay ningún atropello a derechos humanos, se protege el medio ambiente, no se comete ninguna injusticia. No conozco el fondo, pero es probable que esté vinculado con propósitos político-electorales”, acusó.