El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que se reabrirá el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena del municipio de Soledad Atzompa, en Veracruz, que presuntamente fue violada por militares el 25 de febrero de 2007 y falleció un día después por las graves lesiones que sufrió.

Encinas detalló que fue la hija de Ernestina quien la encontró tirada en el suelo y de inmediato le preguntó qué le había pasado a lo que la señora contestó, “los soldados se me echaron encima, mija, me duele la cadera”.

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Posteriormente la señora Ernestina fue trasladada a una unidad médica rural del IMSS, sin embargo, ésta se encontraba cerrada por lo que fue llevada a Ciudad Mendoza, en Veracruz, en donde, por su gravedad, falleció la madrugada del 26 de febrero de 2007.

Según el reporte, Ernestina Ascencio tenía presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal, y sus agresores le introdujeron vía anal un objeto punzocortante que le destrozó el riñón, el hígado y el intestino. Esta versión de los hechos fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz de ese entonces.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando a la conclusión de que por las evidencias que encontró, la señora Ernestina había fallecido por, y lo voy a citar textualmente, ‘por las alteraciones tisulares y viscerales consecutivas, anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario, úlceras gástricas y pépticas agudas de una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mecenteril’, cierro la cita. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica”, mencionó Encinas.

El subsecretario dijo que dicha versión es inaceptable para el Gobierno de México y aseguró “que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta semana, no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos, y no representa las instrucciones que el presidente de la República nos ha dado para atender estos asuntos”.

Puntualizó que la “Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas”.