Nacional

FGR va contra universidades y exfuncionarios por la Estafa Maestra

La FGR investiga a universidades públicas por participar en una operación que presuntamente desvió más de 300 millones de pesos en la Estafa Maestra.

Foto: UIEM

Nacional

FGR va contra universidades y exfuncionarios por la Estafa Maestra

La FGR investiga a universidades públicas por participar en una operación que presuntamente desvió más de 300 millones de pesos en la Estafa Maestra.

Publicado

Las universidades públicas del Estado de México, Sinaloa y Tabasco tienen una investigación formal en su contra impulsada por la Fiscalía General de la República, se les acusa de participar en una operación que presuntamente desvió más de 300 millones de pesos del erario público, en la Estafa Maestra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Los planteles denunciados penalmente son la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM); la Universidad Politécnica de Sinaloa; y la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) en Tabasco”, así escribió para Animal Político el periodista Arturo Angel.

Si se comprueba la participación en contra de las autoridades universitarias, serían las primeras acusaciones por delitos de corrupción en el ámbito universitario por el mecanismo de La Estafa Maestra.

“Las carpetas de investigación se iniciaron a partir de 10 denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó directamente en contra de dichos planteles el pasado 23 de julio. Los recursos desviados fueron asignados con convenios, sin licitaciones, por varias dependencias federales entre ellas Petróleos Mexicanos”, informó Angel.

De acuerdo con Animal Político, autoridades de la FGR afirmaron que las denuncias presentadas por los auditores constan de dictámenes técnicos en donde se logra identificar de manera clara a los funcionarios de dichas universidades, quienes presuntamente incurrieron en los malos manejos de los recursos económicos, además, se trata de un esquema pactado y no de hechos aislados.

Te puede interesar: Rosario Robles se declara inocente, caso “Estafa Maestra”

Modus operandi de las universidades

De acuerdo con Animal Político, el común denominador en este mecanismo de fraude es recibir recursos a través de la firma de convenios directos y sin licitación con dependencias federales. El caso de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) fue catalogado como el centro educativo con la mayor cantidad de irregularidades investigada por la FGR.

“Tras recibir el dinero y sin cumplir con ninguno de los servicios pactados estas universidades –con la presunta complicidad de sus rectores y funcionarios– enviaron premeditadamente los recursos a otras empresas “subcontratadas”’, escribe el periodista Arturo Angel.

De acuerdo con Animal Político, este organismo público descentralizado del gobierno de México, tiene ocho denuncias presentadas por los auditores de la FGR por un presunto fraude al erario que asciende a los 229 millones de pesos, estos malos manejos ocurrieron durante el 2014 a 2016 durante el gobierno encabezado por Eruviel Ávila.

“Como es el común denominador en este mecanismo de fraude, la universidad señalada recibió los recursos a través de la firma de convenios directos y sin licitación con varias dependencias federales, entre ellas el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el DIF y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas”, informó Arturo Ángel para Animal Político.

Luego de esta acción, el plantel se comprometía a realizar los servicios que presuntamente habían adquirido con el argumento de que ya se contaba con los recursos humanos y materiales para realizarlos. En cambio, los auditores encontraron que esto no ocurrió así, pues la UIEM subcontrató a 23 empresas, una universidad y 69 personas físicas para realizar los trabajos.

Animal Político, explica que no hay pruebas que documenten que los servicios irregularmente subcontratados se llevaron a cabo.

La investigación periodística reveló que los auditores de la FGR buscaron a 11 empresas que habían sido subcontratadas y arrojó que los domicilios eran inexistentes o correspondían a casas particulares, por lo que se presume que podrían ser compañías fantasma.

“Por otra parte, la ASF también presentó una denuncia en contra de la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) localizada en Tabasco, por presuntos hechos de corrupción que dieron paso a un quebrante cercano a los 54 millones de pesos”, informó Ángel en Animal Político. 

Al igual que la UIEM, la UTU no contaba con las capacidades técnicas o humanas para cumplir con los servicios que presuntamente había contratado con Pemex, por lo que el modus operandi funcionó de la misma manera y tuvieron que recurrir a empresas y personas físicas para cumplir con los convenios que se le entregaron sin licitación alguna, así reveló la investigación.

En el caso de la Universidad Politécnica de Sinaloa, la ASF interpuso una denuncia en su contra por presuntas acciones de corrupción y un fraude al erario cercano a los 36 millones de pesos. De acuerdo con Animal Político, se detectó que las dependencias que recibieron recursos sin licitar son al SEO, Conapesca, Conacyt, Nacional Financiera y el Instituto Nacional del Emprendedor.

Te puede interesar: La FGR pide 21 años de cárcel para Rosario Robles por la Estafa Maestra

El portal informó sobre los recursos implicados que la universidad firmó un convenio con la Conapesca por 31 millones de pesos, sin embargo, la universidad no realizó ningún trabajo pues, como en los casos anteriores, carecía del personal y equipos para realizarlo. 21 millones de pesos fueron enviados a siete compañías que no comprobaron la realización de ningún trabajo.

Entre otras cosas, pese a no estar permitido, Animal Político dio cuenta sobre los poco más de cuatro millones de pesos fueron utilizados por la universidad para pagar parte de su nómina. En cuanto al resto del dinero, no se sabe en que fueron utilizados más de 6 millones de pesos, pues el plantel no lo comprobó ni regresó.

En todos los casos investigados por la FGR, las denuncias identifican como responsables a las áreas jurídicas y administrativas de los planteles mencionados, así como también a las personas que en su momento dado, ocuparon las rectorías.