Por Ricardo Balderas

El 6 de junio de este año, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su más reciente informe anual. Y en el apartado de Educación, en lo que respecta a la libertad académica, la institución internacional se pronunció “profundamente preocupada” por la investigación en contra de 31 científicos derivada de un presunto caso de asociación delictuosa. El documento levantó las alarmas de múltiples víctimas en el estado de Coahuila, dado que se trataba de las mismas personas que en 2007 apoyaron la decisión de la Secretaría del Trabajo de dejar enterrados a sus familiares en el interior de una mina propiedad de una de las empresas más grandes del país, Grupo México.

La portada de un diario nacional sacudió el día de Elvira Martínez. Ella no sabía por qué una institución de carácter conciliatoria, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) se habría pronunciado en favor del grupo de académicos que traicionaron a todas las mujeres que perdieron a sus esposos el 19 de febrero de 2006 en el municipio de Santa Rosita de Coahuila.

“¿Cómo es posible que respondan más rápido a los funcionarios públicos que falsearon documentos para dejar a nuestros familiares enterrados que a nosotras?”, se pregunta Elvira Martínez, quien perdió a su esposo en el derrumbe donde un grupo de mineros fueron enterrados con vida a 490 metros de profundidad en la mina 8 de Pasta de Conchos, propiedad de la empresa Grupo México. Y agrega: “Nos desampara”. 

Y es que la propia CIDH, en la Recomendación 26/2006 y 12/18, determinó que “los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”. Dicho acto no habría sido posible de no ser porque los integrantes del Foro Consultivo A.C., validaron la versión de la Secretaría del Trabajo con un informe que modificaron, según narra Elvira, de última hora y sin consultar con el resto de mineros o familiares.

La portada del diario que sorprendió a Elvira, decía lo siguiente: “Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Concluyen que los 31 científicos habrían aclarado transferencias”, refiriéndose justamente a aquellos que en épocas de Javier Lozano frente a la Secretaría del Trabajo, avalaron el entierro de los mineros, entre ellos el esposo de Elvira. 

Entonces, el principal problema que las familias identifican con los procesos de la CIDH son los tiempos y la falta de comunicación. Aseguran que hasta el momento ninguna autoridad ha dado parte de lo que ocurrió.

La historia de una traición

Existen varios dictámenes relacionados al desastre de Pasta de Conchos. Pero el final, con el que Javier Lozano justificó dejar los cuerpos enterrados en la mina, es el del Foro Consultivo A.C. mientras era dirigido por José Luis Fernández Zayas. De ese documento existen dos versiones: la primera es un resumen ejecutivo y el otro una versión extendida. En ninguna parte de la versión extendida del documento se dice que no se pueden rescatar los cuerpos. Eso, según lo explica Cristina Auerbach Benavides, directora de la organización civil Familia Pasta de Conchos, salió de una modificación de último momento.

“Cuando los integrantes del Foro Consultivo A.C. llegan con Javier Lozano – y esto me lo dijo a mí Fernández Zayas (extitular del Foro Consultivo A.C.) –  el que puso el párrafo de que no se se haga nada hasta que cambien las condiciones fue el mismo Javier Lozano”, explica Auerbach Benavides.

La activista también revela que Javier Lozano hizo firmar un documento de confidencialidad a Fernández Zayas para que este no pudiera hablar sobre las negociaciones.

–“Yo personalmente me vi varias veces con José Luis Fernández Zayas. Yo intenté entregarle información y al poco tiempo ya no la quería recibir. Después, ya no lo vi hasta que estaba entregando el informe y el dictamen mentado que escribió en el último párrafo Javier Lozano. ¿Qué creo yo que hicieron muy mal?: no defender su postura. Porque el mismo día que sale Javier Lozano a decir que no se hará el rescate porque el Foro dice, Fernández Zayas estaba con nosotras, frente a la prensa y diciendo que sí se podía hacer; pero sólo lo dijo a la prensa que ya lo había firmado. Frente al Estado se quedaron callados”.

Usaron a los Zetas para inhibir búsqueda en minas

Tres años después, tras la transición presidencial, hablar del tema era ya un tabú ante la crisis generalizada. En 2010, el CentroPro y Familia Pasta de Conchos estaban trabajando con aproximadamente 350 familiares de los mineros. Pero después del desastre en Pasta de Conchos, se va Vicente Fox (Presidente de la República en turno) y llega Felipe Calderón. 

El arribo de Calderón Hinojosa y su política de “combate al narcotráfico”, cambió el rumbo de todas las personas que se dedicaban a inspeccionar minas para evitar más desastres. Y comienza el tema de las desapariciones. Las mismas familias de Pasta de Conchos decían “es que nosotros sí sabemos dónde están, pero si nosotros salimos a decir que queremos que nos entreguen a nuestro familiares, los demás iban a desestimar la lucha ante la crisis humanitaria por desapariciones. Entonces, a las familias les daba pena preguntar, porque estaba todo el tema de la violencia”.

–¿Sabes qué creo al paso de los años y los sexenios? La región carbonífera yo creo que es una zona de sacrificio, es decir, no importa cuánto tiempo pase o quién gobierne. Al final, incluso un gobierno que se dice de izquierda no es capaz de sancionar a un empresario. Es decir, están dispuestos a sacrificar esta región por el carbón. Y obviamente no van a entender el caso Pasta de Conchos por dos razones. La primera es porque es en donde se abre el tema a la minería canadiense; y yo pienso que era una condición de las mineras canadienses: “No queremos zafarranchos como el de Pasta de Conchos cuando suceda algo”. Pero no tiene que ver sólo con la apertura (a la minería extranjera); en el tema del carbón, sólo hay empresas mexicanas. Entonces llega el tema de los Zetas. Para ocultar el desorden que hay en la minería del carbón y el abuso, vinculaban a la minería con los Zetas.

A pesar del temor que esas declaraciones pueden ocasionar en ciertas personas, este no fue el caso de las familias en Pasta de Conchos, pues tanto Auerbach Benavides como las familiares de las víctimas continuaron su búsqueda, descubriendo así que no existía tal grupo criminal en la región carbonífera.

–No eran los Zetas. Habían pozos que se siniestraban, quedaban atrapados, morían trabajadores; y a mí me llegan mensajes diciendo ‘a ese terreno no vayas por que es de los Zetas’. Yo iba aterrada pero al final, no era de los Zetas; era de los Montemayor, por poner un ejemplo”. 

Auerbach Benavides se refiere a las familias Montemayor y Garza González, responsables de los desastres mineros en el pozo 03 en Sabinas donde también murieron alrededor de 80 trabajadores. 

Bajo ese contexto, PODER solicitó entrevista en más de 7 ocasiones con las autoridades de la CIDH con el objetivo de saber si la institución estaba al tanto de lo ocurrido. Sin embargo, primero derivaron la solicitud a la relatora encargada del tema y después, simplemente dejaron de responder.