La Fiscalía General del República (FGR) tiene abierta una investigación contra Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, por los presuntos delitos de “enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias”.

De acuerdo con Sin Embargo, la FGR ha solicitado la ayuda a diversas dependencias del Gobierno para obtener información del priista del 2015 a 2020 “con carácter de reservado y urgente”.

“Se trata prácticamente del periodo en el que Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito’, se desempeñó como Gobernador de Campeche –aunque en 2020 ya presidía el PRI–, cuya actual Fiscalía Estatal presentó denuncias en su contra, el 11 de mayo, con base en información del Gobierno del estado y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, informó el medio.

Sin Embargo explicó que ya existía una denuncia por este delito en la FGR desde el 22 de junio de 2019, pero el 2 de septiembre de 2020, “resolvió no ejercer acción penal contra Alito” y ahora se abre esta carpeta por más delitos.

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El Gobierno federal ya había difundido sobre esta investigación de la FGR contra ‘Alito’

Los documentos obtenidos por el portal comprobarían la veracidad del tuit compartido por la cuenta del Gobierno de México sobre la apertura de esta carpeta de investigación, el cual después fue borrado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que esta publicación “fue un error” y que era la Fiscalía estatal quien llevaba a cabo las indagatorias y no la FGR.

Sin embargo, esta carpeta es diferente a la de la Fiscalía de Campeche por el presunto enriquecimiento ilícito de Moreno Cárdenas y por el cual Renato Sales Heredia solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del priista.

Ante todas estas investigaciones, Alito ha acusado una persecución política en su contra por parte del Gobierno federal y de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores

En días recientes, el PAN y el PRD dieron a conocer una “suspensión temporal” de la alianza Va por México, debido a la propuesta del PRI para alargar el periodo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

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