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Gobierno de Calderón pidió 250 MDP para víctimas de la Guardería ABC; solo entregó 9 MDP: Contralínea
En julio de 2010, el Gobierno de Felipe Calderón pidió 250 millones de pesos para las víctimas del incendio en la Guardería ABC, sin embargo, solo entregó nueve millones de pesos. El dinero público fue manejado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como supuesta respuesta a la crisis.
“Para obtener el dinero, el director de Finanzas del IMSS, Eduardo González Pier, envió dos oficios mediante los cuales solicitó un monto de 250 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de José Antonio Meade Kuribreña“, detalló Contralínea.
El medio recordó que el entonces subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, fue quien autorizó al Seguro Social entregar 250 millones de pesos.
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Los 250 MDP que pidió Calderón para un fideicomiso
Según Contralínea, el dinero sería utilizado para un “fideicomiso” con el fin de “cubrir diversos conceptos de apoyos”. Estos estaban contemplados en un decreto que firmó el expresidente, Felipe Calderón.
El fideicomiso se creó en Banamex hasta el 4 de agosto de 2010, con el nombre de “Fondo para Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la guardería ABC”.
“El Decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, sociedad civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2010”, precisó el medio.
El decreto de Calderón Hinojosa establecía que “habría una ayuda extraordinaria para la educación de los menores, que resultaron lesionados, para los niveles educativos de primaria, secundaria, media superior y superior en cualquier institución educativa pública o privada en México”.
“Asimismo, ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores que fallecieron; a las madres de los menores que resultaron lesionados”.
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Se encubrió a familiares de Margarita Zavala
El medio resaltó que en una “operación de Estado” se” encubrió” a la familia de Margarita Zavala, exprimera dama y actual diputada del PAN. Además, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, “presionó y amenazó” al ministro Arturo Zaldívar.
Las presiones del exsecretario de Gobernación fueron para que la Corte no determinara que en el siniestro hubo graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado, ni se manifestara por sancionar a los familiares de Zavala.
Dos primas de Margarita Zavala tenían relación con la tragedia: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, una de las dueñas de la estancia infantil. Mientras que Lourdes Laborín Gómez del Campo es esposa de Eduardo Bours, en aquel momento gobernador de Sonora.
Finalmente, el entonces director del Seguro Social, Karam Toumeh, impidió el traslado de los menores a hospitales en Estados Unidos especializados en menores quemados, para “evitar una cobertura mediática internacional”.