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AMLO propone inhabilitar por 20 años a jueces y magistrados que incurran en corrupción

La iniciativa propone que empresas privadas corruptas paguen una multa de hasta 130 millones de pesos

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Foto: Cuartoscuro

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AMLO propone inhabilitar por 20 años a jueces y magistrados que incurran en corrupción

La iniciativa propone que empresas privadas corruptas paguen una multa de hasta 130 millones de pesos

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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Senado para aumentar las sanciones por corrupción en el Poder Judicial, contemplando hasta 20 años de inhabilitación para jueces y magistrados.

En relación a la propuesta, las empresas privadas que se encuentren involucradas en actos de corrupción podrán pagar multas de hasta 130 millones de pesos, e incluso el cierre definitivo de sus operaciones para la reparación del daño.

El mandatario hizo llegar un paquete de propuestas que buscan reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial a fin de realizar una actualización a la causal de responsabilidad administrativa para los casos de acoso y hostigamiento sexual.

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De acuerdo con Milenio, la iniciativa contempla que el nepotismo y los nombramientos cruzados sean sancionados con responsabilidad administrativa, así como el caso de personas que reciban nombramientos de base interino o de confianza y estos lo extiendan a cónyuges, parientes o conocidos.

En caso de que jueces, magistrados u otros servidores públicos del Poder Judicial acepten sobornos o cometan faltas administrativas de carácter grave deberán reponer el doble de los beneficios que hayan obtenido. Además, deberán pagar una indemnización en caso de provocar daños a la hacienda pública.

SANCIONES

La empresas que se hayan beneficiado por actos de corrupción pueden alcanzar una sanción económica equivalente a un millón mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la inhabilitación por un periodo de hasta 10 años.

Las multas van desde 150 mil veces el valor de la UMA, además de la inhabilitación para participar en arrendamientos, servicios, adquisiciones y obras públicas, además de indemnización por daños y perjuicios al patrimonio, de ser el caso.