Selina Haidé Avante Juárez, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, quien exoneró al empresario Kamel Nacif Borge, acusado de ser uno de los torturadores de la periodista Lydia Cacho fue removida.

En un comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con fecha del 2 de septiembre, se informó que la decisión fue tomada por dicho organismo federal durante la sesión ordinaria celebrada el 1 de septiembre de 2021.

“Primero. Se acuerda el cambio de adscripción de la Magistrada Selina Aidé (sic) Avante Juárez, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, (…) con efecto a partir del 16 de septiembre de 2021″

El CJF señaló que en caso de existir un escenario en que sea necesario desempeñar funciones de supervisión y auditoría ante hechos que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad o cualquier otra falta a las responsabilidades administrativas se llevará a cabo la investigación correspondiente.

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Lo anterior debido a que la CJF inició la indagatoria a la magistrada Avante Juárez por permitir la liberación del empresario Kamel Nacif Borge, luego de cancelar una orden de aprehensión. El empresario fue acusado de los delitos de tortura y agravio contra la periodista Lydia Cacho ocurrido en diciembre de 2005.

Con el fin de que la investigación se lleve a cabo, la magistrada fue enviada a un órgano jurisdiccional en Veracruz.

La periodista Cacho afirmó “Tenemos la evidencia” por la posible corrupción en la exoneración de Kamel Nacif a quien la periodista acusó de haberla torturado para proteger una red de pornografía infantil y trata de niñas en conjunto con el gobernador, Mario Marín.

“Una prueba más de que efectivamente hay suficientes elementos para considerar que Kamel Nacif fue exonerado gracias a la corrupción del poder judicial”, dijo Cacho a través de su cuenta de Twitter.

La orden de aprehensión fue anulada el pasado julio por el Tribunal Federal de Quintana Roo bajo el argumento de que no existía una instrucción por escrito de torturar a Lydia Cacho y que Kamel Nacif no era funcionario público lo que en consecuencia cerró la posibilidad de que fuera procesado y juzgado por ese delito, por lo que Cacho junto con la organización Artículo 19, que tiene a su cargo la defensa de la periodista, acusaron que la decisión era parte del  tráfico de influencias que, supuestamente, el empresario tiene.

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