Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están siendo investigados por una presunta evasión fiscal, la cual asciende a los 16 millones de pesos, de acuerdo con le medio de comunicación Animal Político.

El portal también informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia en contra de la pareja ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los posibles hechos de defraudación fiscal.

“La carpeta de investigación iniciada por este caso en la FGR se ha trabajado de manera paralela a la indagatoria que ya fue judicializada en contra del matrimonio por el presunto desvío de recursos públicos con empresas fantasma, y que dio paso a órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho”, se lee en la investigación.

A pesar de que el pasado jueves la conductora publicó un comunicado en el que afirmó que se están emitiendo órdenes de aprehensión en su contra por delitos fiscales, los funcionarios que Animal Político consultó informaron que “todavía no existen nuevas órdenes de arresto en contra de la conductora y su esposo”.

Sin embargo, también confirmaron que se han detectado diversas irregularidades en las declaraciones fiscales de la pareja entre los años 2015 y 2019. Inés Gómez Mont no declaró ni reportó ante las autoridades tributarias al rededor de 14 millones de pesos y las anomalías detectadas en las cuentas de su esposo ascienden a dos millones de pesos.

En el mismo comunicado Gómez Mont mencionó que había llegado a una acuerdo con el SAT, sin embargo, la FGR y la SHCP considera que los delitos ya se cometieron, y debido a esto piensan llevar el caso a los tribunales en las próximas semanas. Por este delito podrían pasar de tres a nueve años en prisión.

“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP denunció desde 2019 al despacho Álvarez Puga & Asociados y a la conductora Inés Gómez Mont ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación De Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR por posibles operaciones de lavado de dinero a gran escala”, explicó Animal Político.

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Los trabajos de inteligencia comenzaron por la emisión de varias alertas en el sistema financiero y esto les permitió identificar los vínculos de los hermanos Álvarez Puga con operaciones irregulares.

Para poder realizar las operaciones irregulares los hermanos Álvarez Puga utilizaban empresas fantasmas que también sirvieron para facilitar a terceros esquemas fiscales agresivos y desvío de recursos públicos.

Desde 2019 la UIF ha aportado nuevos datos y evidencia que “incluyen hechos irregulares que siguen bajo investigación y aun no llegan a los tribunales”, de acuerdo con Animal Político. La investigación continúa en curso.

Hasta ahora la única indagatoria que la FGR a judicializado fue la que está relacionada con el presunto esquema criminal con el que desviaron casi tres mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación hacía empresas fantasma vinculadas con Gómez Mont.

Por este caso se han girado 12 órdenes de aprehensión en contra de la pareja y exservidores públicos relacionados con esto.

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