El auditor David Colmenares impulsó cambios en administrativos en el reglamento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que ocasionó que no se hayan presentado denuncias por 60 dictámenes técnicos que llegan a un monto de mil millones de pesos debido a irregularidades, de acuerdo con Animal Político.

Gerardo Lozano, auditor Especial de Cumplimiento Financiero, informó acerca de esta situación a través de un oficio entregado a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados. Y solicitó la revisión de estas modificaciones, en las que la responsabilidad de denunciar le corresponde sólo al área de la Auditoría Especial de Seguimiento, lo cual es un error pues “debilita a la única institución en México que puede dar un combate frontal a la corrupción e impunidad”.

Aunque la ASF respondió a Animal Político que estos cambios “tienen una lógica técnica y jurídica” para hacer más eficiente a la institución, la administración de Colmenares “ha disminuido el número de denuncias por posibles delitos cometidos por funcionarios públicos en un 70%”, se lee en la investigación.

Te puede interesar leer: Ricardo Anaya deberá comparecer de manera física en enero de 2022

Mientras que en la administración de Juan Manuel Portal hubieron 592 denuncias por posibles delitos cometidos por funcionarios públicos, en el periodo de Colmenares , desde 2018 a 2021, sólo se han interpuesto 182 denuncias penales.

Acerca del cambio en el reglamento de la ASF ha representado un freno en las denuncias, Gerardo Lozano expresó en su oficio que su área concluyó 60 dictámenes técnicos desde julio del año pasado, de estos 10 cuentan con alguna revisión en la Unidad de Asuntos Jurídicos, pero aún se encuentran esperando a que la Auditoría Especial de Seguimiento y esto ha impedido que denuncien ante la Fiscalía.

“Aunque los cambios al reglamento ocurrieron durante el periodo en que no había diputados en activo, pese a que la Auditoría es un órgano técnico que depende del Legislativo, la ASF respondió que no tienen la obligación de consultarles, debido a la ‘autonomía de gestión’ y sólo “se les hace de su conocimiento, pero es un mero trámite”, por lo que no es necesario su opinión”, se lee en la investigación.

Te puede interesar leer: Estancia de Emilio Lozoya ‘representa un problema’ en el Reclusorio Norte: La Jornada