La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República argumentó “riesgos para la seguridad nacional” para no dar información sobre la investigación del software de espionaje Pegasus.

Así se dio a conocer por Reforma, que señaló que la consejería no quiso facilitar el acceso a informes que la UIF ha clasificado como reservados por cinco años.

Según el diario, esto ocurre pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) había ordenado su difusión. De acuerdo con reportes del periodista Víctor Fuentes, la Consejería Jurídica acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se considere a la UIF como un organismo de seguridad nacional.

Fuentes consigna en Reforma que, en este caso, estaría en riesgo la labor de la UIF si se difunden sus investigaciones.

“Si la Corte admite los recursos del Ejecutivo, por ley suspenderá también por tiempo indefinido las órdenes del INAI emitidas en noviembre pasado”, escribieron en Reforma.

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró este julio que en el 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) contrató a Tech Bull para adquirir el software Pegasus con la finalidad de espiar equipos telefónicos por 32 millones de dólares. Además, anunció el bloqueo de cuentas a 24 personas y empresas relacionadas.

Nieto refirió que la operación se concretó con una firma de Tomás Zerón, en ese entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Santiago Nieto indicó que no es el primer caso que se tiene de adquisición de malware en el país.

El extitular de la UIF afirmó que las contrataciones de Pegasus concluyeron el 31 de diciembre del 2018 y que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha hecho este tipo de convenios. También, agregó que se entregaría toda la información recabada a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por posible evasión fiscal.

Recientemente, de acuerdo con Reforma, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado mexicano a “intensificar sus esfuerzos” para esclarecer y sancionar el uso de Pegasus, sin embargo, actualmente los documentos de esta investigación han sido clasificados.

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