La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a Jesús Murillo Karam por lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal.

A través de un comunicado, la UIF informó que Murillo Karam, quien fuera procurador General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue mencionado en la investigación de los Pandora Papers.

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Agregó que el uso de paraísos fiscales esconden, en muchas ocasiones, “el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos. Así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal, entre otros”.

Murillo Karam posiblemente está “relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, resaltó la UIF.

“Una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de Murillo Karam resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, informó.

Empresa ligada a Murillo Karam se benefició de contratos por parte de la SCT

La UIF identificó que la empresa relacionada a la familia de Murillo Karam obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), esto en el periodo de 2013 a 2015.

Además, en ese mismo lapso el exprocurador tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

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“Posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, resaltó la UIF.

No solo eso, la UIF identificó diversas irregularidades en la forma de constitución de la empresa ligada a Murillo Karam. Lo anterior ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar. 

Asimismo, fiscalmente se declararon deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la empresa. También se identificó la transferencia de recursos con empresas fantasma.

La UIF denunció que Murillo Karam recibió 2.8 millones de pesos, en 2017, por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, en el periodo de 2020 a 2021, el exfuncionario colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco. 

El 14 de noviembre de 2022 la UIF notificó estos indicios a la Fiscalía General de la República (FGR) a través de una denuncia por los delitos de tráfico de influencias y defraudación fiscal.

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