Legisladoras de Morena y el Partido Verde denuncian a Lorenzo Córdova, exconsejero presidente, por irregularidades en el INE durante su gestión. También señalan al exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo.

De acuerdo con Olga Juliana Elizondo Guerra, de Morena, y Valeria Santiago Barrientos, del Partido Verde, en 2022 el INE “facilitó 224 millones 419 mil 742 verificaciones de datos de credenciales para votar” y debían recibir ingresos superiores a los 224 millones, pero sólo recaudó 50 millones 325 mil 152 pesos. 

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“Debió recibirse ingresos superiores a los 224 millones, dado que el cobro unitario aproximado por verificación asciende a un peso; lo que representa un detrimento de casi 78 por ciento de ingresos por dicho concepto”, se lee en un comunicado.

Señalan a Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo por irregularidades en el INE

Las diputadas señalaron como responsables del hecho a Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo, pues alegan opacidad en el proceso del servicio de verificación. 

“Podemos deducir que el Servicio de Verificación ha sido utilizado en total opacidad, al no contar con mecanismos establecidos en la Ley que permitan la rendición de cuentas del dinero efectivamente cobrado, así como investigar y, en su caso, sancionar a quienes ilícitamente se hayan enriquecido a costa del servicio público”, explican.

Esto ocurre luego de que ambas presentaran una iniciativa de reforma para normar el servicio de verificación de datos de la credencial del INE. Buscan reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

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“Se busca establecer una pena de un año a siete años de prisión a quien, trate, altere, sustituya, destruya, comercialice o haga uso ilícito de documentación que contenga datos personales, con el fin de alcanzar un lucro indebido. Sanción que actualmente es de seis meses a cinco años y que podría aumentar en una mitad cuando se trate de una persona empleada de una institución bancaria o financiera”, explican.

Además proponen sancionar con cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que, “además de documentos, altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de información relativa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores”.