El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presuntamente benefició a tres empresas con contratos y adjudicaciones durante su administración. Sin embargo, estas firmas resultaron ser fantasma.

De acuerdo con Milenio se trata de las empresas Inmobiliaria RC Tamaulipas SA de CV y Barca de Reynosa SA de CV, propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú; y T Seis Doce SA de CV, cuyo accionista y apoderado es Juan Francisco Tamez Arellano.

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Según la solicitud de desafuero de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Cabeza de Vaca, esas compañías “sirvieron para la ‘organización criminal’ liderada por el gobernador para ‘echar a andar un esquema de lavado de activos’”.

LAS EMPRESAS FANTASMA DE CABEZA DE VACA

Inmobiliaria RC Tamaulipas. Tuvo ingresos por 95 millones 950 mil pesos, en 2017, primer año de gobierno de Cabeza de Vaca; en 2018, 136 millones 660 mil pesos; y en 2019, 309 millones 570 mil pesos. 

Además, “obtuvo de manera directa dos contratos por 48 millones 634 mil pesos para la construcción de un centro de justicia en Reynosa y una unidad de docencia para la entidad, que no se han concluido”. 

Barca de Reynosa SA de CV. “Ganó una licitación por 5 millones 948 mil pesos para la pavimentación de dos calles: Cerro del Cubilete en la Colonia Almaguer y Hierro en la colonia Villas de La Joya, ambas en Reynosa”, afirma el diario.

T Seis Doce SA de CV. Resultó ser un taller mecánico, así lo confirmaron elementos de la policía ministerial, lo que llevó a etiquetarla como una firma fantasma y la empresa declaró, de 2014 a 2019, “en ceros sus ejercicios fiscales ante el SAT”.

Dicha compañía le compró un departamento a García Cabeza de Vaca y su esposa, por 42 millones de pesos en 2019. Este inmueble está ubicado en Camino Alto Lerma en Santa Fe, y el precio fue saldado en seis pagos entre los meses de junio a diciembre de ese mismo año.

Sin embargo, la UIF detectó que esta empresa depositó 33 millones 400 mil pesos más, con lo que consideró que “puede presentar un acto que sugiera un conflicto de interés no reportado”.

Lo anterior se concluyó porque Tamez Arellano, dueño de la empresa, “recibió 33 millones de pesos de Reséndez Cantú, quien es a su vez contratista del gobierno de Tamaulipas y declaró en ceros ante el SAT entre 2014 y 2018”.