Juan Collado, exabogado de Enrique Peña Nieto, recurrió a un “entramado financiero” para solicitar 11 préstamos a la Banca Privada de Andorra (BPA), por la suma total de 14 millones de dólares.

De acuerdo con el diario El País, con este dinero compró dos aviones con valor de 5.2 millones de dólares y tres departamentos de lujo en el complejo St. Regis Bal Harbour, en Miami, los cuales oscilan entre los 2.6 y los 14.3 millones de dólares. Además, pagó un abono de dos millones de dólares por medio de empresas fantasma para no perder la reserva de estas propiedades.

En un correo del 2 de febrero de 2012, se pide a la banca mantener oculta la identidad del solicitante:

“Como ordenante, solo debe constar en la transferencia el nombre de la sociedad. NO DEL REPRESENTANTE”, compartió el medio español.

Entre enero de 2010 y diciembre de 2014, Collado Mocelo realizó 25 transferencias al abogado Gustavo J. García-Montes por 7.4 millones de dólares en el Suntrust Bank Central Florida. Esto se hizo para formalizar la compra de los departamentos y de dos aeronaves.

“Abonó 3.2 millones en 2010 a la firma de Colorado Teletech Services Corp. por un avión Cessna Citation 650 modelo de 1995, y 2 millones de dólares por un 1889 Bombardier Challenguer 601 3-E”, explicó el diario sobre las operaciones, las cuales también hizo a través de sociedades instrumentales.

El abogado Juan Collado. Foto: Cuartoscuro
El abogado Juan Collado. Foto: Cuartoscuro

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Policía de Andorra reabre investigación en contra de Juan Collado

La policía de Andorra informó que, entre 2006 y 2015, el abogado mexicano movió 111 millones de dólares, de acuerdo con la documentación interna del banco. 

Las autoridades “dudan de que este dinero proceda de su actividad como abogado o del negocio de las casas de empeño Prenda Oro creado por su padre”, afirmó El País.

Asimismo, los agentes de la policía del principado acusaron a Collado de “torpedear la investigación” por blanqueo, la cual se archivó en 2018 después de que la Procuraduría General de la República (PGR) justificó “la legalidad” de sus recursos, durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, tras su detención, en 2019, se reabrió el proceso.

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