Luego de dejar su cargo como secretario de Seguridad, Genaro García Luna recibió poco a poco un total de 10 millones de dólares, entre los años 2012 y 2018. Así lo reveló la periodista Peniley Ramírez.

En su columna Linotipia, Ramírez desglosa pago por pago los depósitos recibidos por el extitular de Seguridad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Los cuales le pagaron a cambio de contratos con beneficios millonarios.

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“Todo este dinero venía de la familia Weinberg. Los pagos no eran un signo de amistad. En esos años, los Weinberg obtuvieron 600 millones de dólares en contratos”

De acuerdo con documentos que pudo obtener la periodista, después de 10 años de iniciar la investigación, revela que esta familia recibió más de 300 millones de dólares “con prisiones federales, una oficina subordinada a García Luna. Otra parte vino del Cisen, ya en el gobierno de Peña Nieto”.

Los pagos de millones de dólares a García Luna

De la empresa que le rentó su casa millonaria en Miami, García Luna recibió 3.8 millones de dólares por la venta de dicha casa, refiere Peniley. Tuvo otro depósito de 1.6 millones para Delta, una empresa creada con su esposa. Además de un depósito mensual de 59 mil dólares de una compañía fantasma.

En su cuenta de Twitter compartió las cifras donde revela los contratos:

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La demanda del Gobierno de México vs Los Weinberg

Además, la periodista comparte detalles de la revelación de los contratos que terminaron por darle a García Luna 10 millones de dólares. Estos fueron obtenidos tras una demanda civil contra los Weinberg, hecha en 2021, por el Gobierno de México.

Aunque, en su columna explica que hay cuestionamientos de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para contratar a abogados en Estados Unidos. Esto podría afectar la demanda contra la familia que benefició a García Luna.

“No solo Nieto autorizó esta denuncia… En febrero, Pablo Gómez envió a la corte en Miami un documento, firmado de su puño y letra, donde dice que él sostiene la demanda y tiene facultades para hacerla”, se lee.

“Si a pesar de esto, un juez en México determina que el contrato del bufete en Miami fue ilegal, es probable que la demanda se cancele”, concluye Peniley.

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