Luego de una “adopción exprés” del pequeño Emilio, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) informaron que no se proporcionó evidencia de que el menor fuera sustraído con las formalidades que exige la ley.

“No se proporcionó evidencia que acredite que la medida se emitió con las formalidades que exige la ley, como lo es que se encuentre por escrito, debidamente fundada y motivada, así como apegada al interés superior del niño”, estipuló el Gobierno de México en un comunicado.

Como tal, el “permiso” fue otorgado a través de la Procuraduría de Protección y el Director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia, ambos del estado de Nuevo León, sin embargo, no es formalmente apegado a los estatutos legales, por lo que Rodríguez y García incumplieron la Ley en ese sentido.

También en el comunicado del Gobierno de México, la PFPNNA y el DIF informaron que no existe un proceso de adopción en curso que involucre al pequeño Emilio ni al matrimonio García-Rodríguez.

Luego de las indagatorias del DIF Nacional, arrojó que bajo un supuesto “permiso de convivencia familiar”, el DIF de Nuevo León permitió la salida del menor de Capullos. Sin embargo, este tipo de programas tienen sus cláusulas, las cuales incluyen que el menor de edad cumpla cierto rango de edad. Emilio no cubre este rango de edad.

Las indagatorias arrojaron también que la salida de Emilio bajo la responsabilidad de Mariana Rodríguez, fue bajo el argumento de que ella representa para él una “figura significativa”, por lo que le permitieron ir a su casa un fin de semana.

No se vulneró el derecho a la intimidad de Emilio: Autoridades locales

Pese a que organizaciones defensoras de los derechos de los niños como la REDIM se pronunciaron en contra de la sobreexposición de Emilio porque además, “Mariana Rodríguez” está registrada como marca y aunado a eso, todas sus publicaciones son monetizadas (incluídas las de Emilio), el Gobierno de México asegura que no hubo violación a la intimidad del menor de edad.

En entrevista con Luisa Cantú para La Octava, Tania Ramírez, Directora Ejecutiva de la REDIM aseguró que sí se violaron sus derechos al ser sobreexpuesto en redes sociales, cuestionó cuánto dinero pudo haber ganado Mariana Rodríguez al publicar sus historias y fotografías, lucrando con su “altruismo”, el cual afirma, no es sincero.

En cuanto a la vulneración del derecho a la intimidad de Emilio, la Procuraduría de Protección de Nuevo León estima que el hecho de que la imagen del menor haya sido expuesta en las redes sociales de la influencer Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García de manera masiva, no podría considerarse una falta a este derecho.

El ente que sí podría haber atentado contra este derecho del menor son los medios de comunicación, de acuerdo al Gobierno de México, pues asegura, que estos datos personales del pequeño Emilio fueron sacados del perfil personal de Mariana y expuestos de manera masiva.

Mientras que por ética periodística, los medios optaban por publicar la foto del menor censurada para denunciar posibles violaciones a los derechos humanos, las imágenes subidas por la influencer Mariana Rodríguez (@marianardzcantu), fueron desplegadas en un perfil con 2.3 millones de seguidores.

Además, sostiene que la afectación al derecho de identidad únicamente puede realizarse por medios de comunicación, pues son éstos los que han difundido información sobre el niño tomando las imágenes de las redes sociales de un particular, de la C. Mariana Rodríguez Cantú.

Tras estas acciones, no solo la REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México) externó su “profunda preocupación” por la “Nula perspectiva de derechos de la niñez”, también Save The Children (Salvemos a los Niños), organización defensora de los menores a nivel internacional, denunció posible trata de personas por parte de García-Rodríguez.

Mientras los funcionarios públicos de “alto nivel” han llamado la atención por sus polémicas en redes sociales, la pareja sigue afirmando que no se saltaron la ley, y más allá de perjudicarlos, están beneficiando a los niños y niñas en el sistema público del DIF.

Mariana Rodríguez ha expuesto a menores de edad embarazadas por violación, con adicción a las drogas, menores que han perdido a sus padres mientras intentaban migrar a EU o infancias cuyos padres tienen problemas legales por violencia doméstica, todo esto sin que ellos y ellas tengan consciencia de que están frente a los ojos de millones de usuarios.

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