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La FGR indaga a Scherer por frenar la investigación contra OHL: Animal Político
Julio Scherer Ibarra aprovechó su puesto como consejero jurídico del presidente López Obrador al ejercer sus facultades legales e influencias en el Gobierno Federal para frenar la investigación contra OHL, afirma Animal Político.
La investigación contra la constructora española, OHL, hoy Aleática, concluía que fue ilegal la concesión del Viaducto Bicentenario que otorgó el gobierno del Estado de México durante la administración de Enrique Peña Nieto a OHL.
“Mediante actos de autoridad que ahora son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), Scherer y un grupo de funcionarios designados por él validaron la concesión por la que, hasta ahora, Aleática S.A.B. de C.V. –representada, a su vez, por abogados privados cercanos al exconsejero– ha obtenido ingresos por al menos 6 mil 934 millones de pesos derivados del cobro de peaje en el Viaducto Bicentenario, ganancias que necesariamente irán al alza, pues la concesión tiene vigencia, al menos, hasta 2038″, informó Animal Político.
El medio reveló que Scherer declaró que no tuvo ninguna implicación en los presuntos delitos de corrupción que le imputa la FGR (Fiscalía General de la República) y derivó la responsabilidad a la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes).
Luego de una investigación que duró meses, en marzo del 2020 la SCT y la FGR ya habían llegado a una conclusión: La adjudicación de esa vía fue ilícita debido a que un Gobierno Estatal no tiene la facultad legal para otorgar concesiones sobre vías generales de comunicación, como es en el caso de la carretera México-Querétaro, precisamente en donde se ubica el Viaducto Bicentenario.
Animal Político reveló que en septiembre del 2020, seis meses después de la conclusión de la SCT y la FGR, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio un giro en su decisión después de que Julio Scherer designara como director jurídico de la SCT a un abogado cercano a él: Román García Álvarez.
Fue Román García quien quince días después de asumir el cargo, elaboró un convenio que no solo declaró legal la concesión a favor de Aleática, además, abrió la puerta a que se extendiera aún más tiempo.
“Ese convenio, firmado el 1 de octubre, anuló un proceso de sanción que la propia SCT había iniciado por la irregularidad de la concesión, y además, provocó el congelamiento de una carpeta de investigación que la Fiscalía ya tenía lista en contra de exfuncionarios y que traería como consecuencia directa que el gobierno federal anulara la concesión y recuperara el control de la vía con todo y la infraestructura del Viaducto Bicentenario, sin tener que indemnizar a Aleática”, escribieron Arturo Ángel y Zedryk Raziel para Animal Político.
¿Qué pasa con Julio Scherer?
Scherer estaría señalado por la FGR como probable responsable de delitos de corrupción en beneficio de Aleática y a sus accionistas de control, IFM Investors Pty Ltd e IFM Global Infrastructure Fund y en última instancia, al Viaducto Bicentenario S.A. de C.V.
Por otro lado, Animal Político informó que: “Junto con Scherer, la FGR investiga a otros dos excolaboradores designados por él en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF): Raúl Mauricio Segovia Barrios, que era titular de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso –cargo que dejó tras la renuncia de Scherer Ibarra en agosto de 2021–, y Mario Iván Verguer Cazadero, quien continúa como director general de Control Constitucional en esa Consejería Adjunta. Ambos se relacionaron con Scherer a través de despachos privados de abogados antes de ingresar al servicio público”.
Román García Álvarez, el actual titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT estaría investigado por la FGR por presuntamente haber elaborado el convenio que validó la concesión del Viaducto Bicentenario.
La FGR indaga a Julio Scherer Ibarra por los presuntos delitos de asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, el uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, colusión de servidores públicos y contra la administración de justicia.
Esta es la primera indagatoria en contra del exconsejero Jurídico de López Obrador por presunta corrupción.
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