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La seguridad pública es un asunto de la autoridad civil: Encinas sobre reforma a la Guardia Nacional
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, se posicionó en contra del proyecto de iniciativa o decreto presidencial del ejecutivo federal para que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Tras su participación en la presentación del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición de Colombia, y en medio de gritos de los asistentes en contra de la militarización, Encinas reiteró su postura y consideró que se debe respetar el mandato constitucional de mantener la seguridad pública en un ámbito civil.
“Todavía no se pasa -la reforma o el decreto- hay una discusión en este país, que aún está en el Congreso. Yo creo que debemos mantener el mandato constitucional, lo digo y siempre lo he sostenido públicamente, respecto a que la seguridad pública es un asunto de la autoridad civil, siempre lo he dicho”, apuntó.
Fue el pasado 8 de agosto cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena.
“Por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad -que tiene que ver con la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Sedena, pero voy a emitir un acuerdo para que, ya por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma”, subrayó el presidente.
El mandatario también ha sostenido que se va a presentar la iniciativa de reforma constitucional, y en caso de que no se apruebe en el Congreso, se buscará un mecanismo legal para no violar la Constitución y se pueda aprobar que la Guardia Nacional sea transferida a la Sedena.
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Presentan en México informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia
Durante la presentación denominada “Hay futuro si hay verdad”, desde el Museo de Antropología e Historia, la comisionada Alejandra Miller, detalló, como parte de las conclusiones, que entre 1985 y 2018 hubo al menos 450 mil personas muertas y 121 mil desaparecidas, de los cuales el 90 por ciento eran civiles.
También destacó que 50 mil personas fueron secuestradas, ocho millones desplazadas y un millón fueron exiliadas.
Todo lo anterior, dijo, es resultado entre otras cosas de un modelo de seguridad que no está sustentado en la protección de la vida humana, además de los entramados políticos con el narcotráfico.
“Lo que hemos tenido es un modelo de seguridad que no ha estado sustentado en la protección de la vida humana ha sido un modelo de seguridad que ha protegido más la riqueza que la vida, pero tiene unos anclajes muy de la Guerra Fría”, señaló.
En su oportunidad, Alejandro Encinas, reiteró el compromiso en México con los trabajos de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de los hechos entre 1965 a 1990, para conocer la verdad y reparar el daño, lo cual dijo, incluye la búsqueda de las personas desaparecidas en este periodo.
Señaló que los trabajos de esta comisión junto con el esclarecimiento de los hechos de Ayotzinapa marcarán un precedente.
“Va a sentar un precedente como lo haremos también en el caso de desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y que no quede impunidad en ninguno de estos hechos”, dijo.
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