El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, informó que hay 38 denuncias penales por un presunto daño patrimonial al Sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa y Diconsa.

Estas fueron presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y por la Fiscalía General de la República; “están en etapa de investigación, con miras a su judicialización”, por el uso ilícito de atribuciones y facultades.

“Las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”, explicó el funcionario en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué anomalías encontró la SFP en Segalmex?

La SFP practicó 84 actos de fiscalización de 2019 a 2021. Incluyeron auditorías, visitas y verificaciones con montos pendientes por seis mil millones de pesos. 

“Durante 2022, para dar continuidad a esos actos, se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía; así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios”, detalló Salcedo.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió 22 pliegos de observaciones por tres mil 465 millones de pesos. Todos derivados de la revisión de la Cuenta Pública de 2020.

Hasta el momento, se han reportado anomalías por 9 mil 500 millones de pesos. “Se encuentran en proceso de aclaración, de documentación y, en su caso, de recuperación”. Destacó que este monto “no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial sino de aclaraciones”.

Además, se tienen 618 expedientes abiertos, de los cuales, 38 tienen relación con las denuncias presentadas.

“La SFP actúa como coadyuvante de las indagatorias vigentes, en auxilio del Ministerio Público de la Federación, para la obtención de datos de prueba que permitan llevar los casos ante un juez”, subrayó el titular de esta dependencia.

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Segalmex renovó toda su estructura de mando

Derivado de las investigaciones, una persona fue vinculada a proceso. Invirtió 950 millones de pesos del presupuesto de Segalmex, mediante intermediarios financieros y “sin respetar la normativa vigente”. El monto total se recuperó.

Las Secretaría de Gobernación, de Agricultura y Desarrollos Rurales, la de Función Pública, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda conformaron un grupo de trabajo.

Sus funciones son investigar, dar seguimiento y corregir la presunta corrupción y la “desarticulación administrativa” en las tres instituciones.

“El grupo de trabajo interinstitucional se ha reunido en repetidas ocasiones para orientar las estrategias legales para atender las denuncias y encauzar el apropiado funcionamiento de las tres entidades”, aseguró.

También, diversos servidores públicos fueron cesados de sus puestos y se renovó toda la estructura de mando de Segalmex-Diconsa-Liconsa.

“La SFP acompaña, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, a las nuevas autoridades administrativas para evitar que se incurra en irregularidades, atender las observaciones de las instancias fiscalizadoras y sentar las bases de una gestión eficaz y honesta”, dijo.

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