Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, declaró que nadie ha podido tirar la llamada “verdad histórica” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con El Sol de México, durante su segunda audiencia, el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto sostuvo que desde la desaparición de los estudiantes, a la fecha, “han buscado alternativas, han inventado muchas, pero todas se caen”.

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Murillo Karam también señaló que “se siente orgulloso” por pedir la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que participó en toda la averiguación. “(El equipo) escogió el lugar del análisis de los restos óseos localizados en el Río San Juan y en el basurero de Cocula”, señaló.

“(En la investigación) se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, pudo aceptar algunos errores, pudo haber problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar.”

‘No hay pruebas que vinculen a Murillo Karam con el caso Ayotzinapa’: abogados

Los abogados del exprocurador sostuvieron que no hay una sola víctima, testigo o documento que señale la presunta responsabilidad de Murillo por el caso.

“No hay un solo indicio razonable para vincularlo a proceso”, enfatizó la defensa de Murillo Karam, informó el diario Milenio.

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La defensa también señaló que los delitos contra administración de justicia y de tortura ya prescribieron. El primero de ellos en octubre de 2017, es decir, tres años después de que ocurrieron los hechos.

Pese a los argumentos, Murillo Karam fue vinculado a proceso por delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada.

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

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