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Caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado; no hay indicios de que los normalistas estén vivos: Encinas
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos. Esta fue parte de la conclusión de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado“, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en conferencia de prensa.
Agregó que en el caso “concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
La Comisión también concluyó “que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes“. Incluso, Encinas las acusó de “alterar hechos y circunstancias” para establecer una conclusión “ajena a la verdad”.
“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.”
Lo anterior lo dijo Encinas sobre las autoridades, incluyendo a miembros del Ejército y de policías locales.
Sin indicio de que normalistas de Ayotzinapa estén con vida: Encinas
Alejandro Encinas también reconoció que “no hay indicios” de que ninguno de los estudiantes esté vivo y que “nunca estuvieron juntos”, desde que se separaron en la estación de autobuses de Iguala esa noche.
Además, informó que se estableció contacto con la defensa de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Sin embargo, el exfuncionario, quien se encuentra en Israel, rechazó el criterio de oportunidad.
Pese a esto, “el gobierno mantiene comunicación con sus abogados para poder alcanzar algún acuerdo”, subrayó.
El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México, para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos. Ellos los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula y tiraron los restos en el río San Juan.
El gobierno de AMLO ha desmentido esa “verdad”. Coincide con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.