La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención contra exservidores públicos y militares involucrados en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con una investigación del diario El País, estas órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) a mediados de agosto.

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“El mismo juez que concedió las órdenes ha accedido a la petición de la FGR y las ha dejado sin efecto”, se lee en el reportaje.

Según la investigación, firmada por el periodista Pablo Ferri, los documentos consultados y fuentes cercanas al caso “dibujan un conflicto” entre la UEILCA, que dirige Omar Gómez Trejo, y la propia FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero.

De las 83 órdenes de aprehensión existentes, solo se han ejecutado cuatro. El diario menciona que entre las órdenes canceladas están las de 16 militares acusados de delincuencia organizada.

También está la del comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala en 2014, Rafael Hernández Nieto. A diferencia de los otros 15, no fue acusado de desaparición forzada. 

Aunado a esto, el juez del caso también canceló la orden de aprehensión contra el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por el delito de delincuencia organizada.

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El caso Ayotzinapa y la implicación de Murillo Karam

Según la investigación, la ruptura entre Trejo y Gertz habría sido la causa en contra del exprocurador, Jesús Murillo Karam. Él está acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia en el marco del caso Ayotzinapa.

El fiscal Gertz presuntamente estaba interesado en judicializar los señalamientos contra Murillo con prontitud. Sin embargo, la fiscalía del caso le pidió un plazo de un mes para hacerlo.

Ante ello, el titular de la FGR no accedió y ordenó entonces a la Fiscalía de Asuntos Internos que presentara la acusación ante el juez. Las órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la UEILCA el pasado 18 de agosto y el juez las concedió al día siguiente.

Entre las órdenes canceladas por el delito de desaparición forzada también se encuentran la de la expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana. Asimismo, la de dos exingenieros del Palacio de Justicia de Iguala.

Estos últimos, según la UEILCA, perdieron los videos de dicha localización, otro lugar clave en la desaparición de los normalistas.

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