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Tras doce años de impunidad, el caso de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola va a la CIDH
A lo largo de 12 años, tres administraciones de diferentes partidos políticos, a nivel federal y lo mismo a nivel local, incumplieron con su obligación de garantizar justicia por el asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Bety Cariño, y del activista y observador finlandes, Jyri Jaakkola, en Oaxaca en 2010.
Por esta evidente impunidad, se buscará que el caso sea atraído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista para La Octava, Omar Esparza, defensor de Derechos Humanos y viudo Bety Cariño, y Eeva-Leena Jaakkola, madre de Jyri, afirmaron que los caminos en México han quedado agotados.
Ante ello, las familias, junto con sus abogados y una nueva promesa de acompañamiento del actual gobierno, se buscará la justicia y la solidaridad del sistema internacional.
“Estamos en punto de cierre en México porque no hemos recibido justicia en México. Hemos buscado justicia tantos años. Había muchas promesas y muchas reuniones con las autoridades pero no pasó mucho”, manifestó Eeva-Leena Jaakkola.
Por su parte, Omar Esparza señaló que “han pasado tres gobiernos federales y de los cuales hemos tenido reuniones con todas las autoridades y todas, desde el nivel más abajo hasta el nivel más altos, con dos presidentes de la República, tuvimos la promesa de justicia”.
“Entiendo que tiene muchas aristas el tema, pero sobre todo tiene que ver con los compromisos políticos que han contraído con el grupo que agredió a la caravana y que era romper un proceso de paz que se venía construyendo”, expresó.
El asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola ocurrió cuando defendían los Derechos Humanos
Bety Cariño fue asesinada en un ataque paramilitar el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala, zona triqui de la mixteca de Oaxaca, mientras participaba en una acción no violenta en defensa de los derechos humanos. Formaba parte de una caravana de paz. Jyri Jaakkola, activista de Derechos Humanos y observador finlandés, también murió en el ataque.
Para Omar, la impunidad y los conflictos de interés en el gobierno, como en muchos otros casos de activistas y defensores, es lo que ha impedido que se alcance justicia.
“Claro, los grupos que agredieron la caravana han estado con varios partidos políticos, han estado incluso en gobierno; han tenido muchos espacios dentro del gobierno. En el estado tienen diputaciones federales, tienen diputaciones locales y una serie de relaciones con organizaciones sociales. De alguna manera es toda una red, una serie de acuerdos políticos de impunidad que se han ido tejiendo”, condenó.
Un voto de confianza en la búsqueda de justicia para los activistas
El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quienes acompañan a las familias de Bety y Jyri, informaron que en la última reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, y autoridades de Oaxaca, se acordó un acompañamiento ante la solicitud de admisión del caso ante la instancia internacional.
Es un nuevo voto de confianza para que el caso sea revisado lo antes posible, afirmó el abogado David Peña.
“Desde la primera comunicación el Estado dice ‘estoy de acuerdo, no hay un proceso de litigio y por lo tanto lo que tocaría ahí es presionar a la CIDH para que se pronuncie sobre la admisibilidad del caso’, es decir, en virtud de que no hay litis no hay pleito con el Estado y podría pronunciarse sobre una admisibilidad”, aseguró.
Ante esto, dice Eeva que aunque es difícil, volverá a confiar en la voluntad que muestran ahora las autoridades para hacer un acompañamiento efectivo.
“Han sido años difíciles, primero porque perdimos nuestro hijo pero también no conocía a México, no conocía este país y no conocía la cultura, la manera de vivir, la manera de cómo las autoridades funcionan. Todo fue muy diferente no comprendí en las primeras reuniones siempre creí que ahora sí íbamos a tener algo nuevo”, resaltó.
Por el caso, en 2012 seis personas fueron detenidas y posteriormente absueltas. El mes pasado, un juez del tribunal unitario de la región de la mixteca ordenó la liberación de cuatro integrantes de Unión de Bienestar Social de la región triqui, detenidos por su presunta participación en el asesinato de los activistas.
Si el caso es atraído por la Comisión Interamericana, indicaron Omar, Eeva y su defensa, no solo será un camino para la justicia en el caso sino también para los cientos de defensores en el país que hoy siguen exigiendo justicia ante las agresiones que persisten en México por defender Derechos Humanos.